El Tribunal Supremo ha avalado la postura de la Audiencia Nacional y ha ratificado que la competencia para investigar el caso Vendex, la pieza separada más importante de la Operación Pokémon, corresponde al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, donde se iniciaron las investigaciones bajo el mando de la jueza Pilar de Lara, quien está pendiente de saber si se confirma la sanción contra ella de siete meses y un día, que implicaría la pérdida de destino.
En esta pieza se encuentra todo lo relativo a las actividades supuestamente delictivas de las empresas del Grupo Vendex en Galicia –así como en Cataluña y en Baleares– para conseguir concesiones irregulares. En ella llegaron a estar imputadas en torno a medio centenar de personas, incluidos varios políticos que ya dejaron de ser alcaldes y concejales.
El caso Vendex investiga supuestos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, que se atribuyen a este grupo empresarial con domicilio social en Madrid y liderado por Gervasio Rolando Rodríguez Acosta.
La jueza Pilar de Lara cuantificó en 295 millones de euros los beneficios que supuestamente obtuvo el grupo, pero en su pronunciamiento el Supremo le reprocha que "no están determinados los perjuicios, limitándose la resolución a sumar el importe de las contrataciones adjudicadas".
"NO PRESENTA DIFÍCIL COMPRENSIÓN". Para el alto tribunal, en esta causa no aparece el plus de dificultad que avalaría la intervención de un organismo especializado como la Audiencia Nacional y su instrucción "no ofrece complejidad cuantitativamente relevante, máxime visto que el mecanismo narrado no presenta difícil comprensión", agrega.
También descarta que los hechos afecten a una generalidad de personas y que puedan causar grave repercusión en el tráfico mercantil o en la economía nacional. Además, entiende que la cantidad de perjudicados "es reducida, al tratarse de un conjunto limitado de administraciones públicas territoriales" (solo en Galicia los ayuntamientos de A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Marín, Boqueixón, Verín, Ferrol, Ordes, Sada y Arteixo).
El Ministerio Fiscal también avaló que la competencia sobre este caso debe corresponder al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que investiga la obtención de contratos públicos mediante sobornos a autoridades y funcionarios que consistían en la contratación de personas recomendadas o bien en la entrega de regalos o pagos periódicos.
La investigación de Pilar de Lara también indagó en que el grupo Vendex realizaba aportaciones de dinero a partidos políticos mediante entregas de dinero en metálico a los responsables de esas organizaciones "para su financiación ilegal".
