El caso Vendex, una de las piezas fundamentales de la operación Pokemon, deberá finalizarse donde se inició hace más de seis años, en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo. El Tribunal Supremo ha decidido devolver esta causa, compuesta por centenares de tomos, a la jueza Pilar de Lara, que había presentado una cuestión de competencia para que fuera enviado a la Audiencia Nacional.
La magistrada, además, recibe este nuevo varapalo acuciada por el tiempo, ya que los plazos legales para la instrucción están casi agotados. Por ello, le queda muy poco tiempo para decidir qué hace con la causa: si la vuelve a despiezar y la reparte por los distintos juzgados de España a los que puede afectar la investigación (los hay de toda Galicia, Asturias, Cataluña y Baleares) o si la finaliza ella, proponiendo el procesamiento o el archivo de la causa para cada uno de los imputados y precisando los delitos.
De hecho, la propia Pilar de Lara da a entender que se pronunciará en breve al respecto en un escrito comunicado recientemente a las partes, en el que explica que tiene por responder varios recursos presentados por los abogados pero que no ve necesario hacerlo en este momento procesal porque dará respuesta a toda la causa una vez conocida la decisión del TS.
Esta pieza está centrada en las actividades del grupo Vendex y de su expresidente, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, en más de una decena de ayuntamientos y administraciones públicas para obtener diversas adjudicaciones. En Lugo, por ejemplo, obtuvo la del sistema Ora. También está incluido el exalcalde de Lugo José López Orozco como supuesto receptor de dinero en efectivo enviado desde Madrid, aunque ya ha solicitado el sobreseimiento.
Pilar de Lara decidió en octubre de 2015, casi tres años después de iniciar la instrucción, enviar esta pieza a la Audiencia Nacional, pero siguió con la investigación y dio traslado de facto hasta mayo de 2018. En esas circunstancias, la Audiencia Nacional rechazó hacerse cargo de los centenares de tomos, pero la magistrada planteó una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a la Audiencia Nacional y ha devuelto el caso al juzgado de Instrucción 1.
295 millones
Además, cuantificaba los beneficios obtenidos por el grupo en unos 295 millones de euros.
Respuesta
Sin embargo, los magistrados de Supremo le recuerdan que esa cifra es solo la suma de las cantidades de los contratos obtenidos, "sin que estén determinados los perjuicios", y que ni siquiera el Iva defraudado superar el límite del delito, por lo que los hechos investigados "no tienen entidad para causar perjuicio a la economía nacional". Tampoco ve especial complejidad en la investigación.
