"Nadie quiere ver a niños en la calle. Pero estos no ocupan por necesidad, si no porque quieren dinero. Si les das 500 euros se marchan, si no te destrozan la casa, que incluso puede acabar quemada". Prudencio González es uno de los vecinos de As Gándaras que ha alzado su voz para exigir a las administraciones públicas que adopten medidas para evitar que se siga extendiendo impunemente el fenómeno del allanamiento ilegal en este barrio de la capital lucense que lo vio nacer.
Al menos ocho viviendas unifamiliares han caído en manos de los okupas en los últimos años en As Gándaras, dos de ellas fueron pasto de las llamas en 2018 -una resturada por sus nuevos propietarios-.
Actualmente hay dos inmuebles, sitos en las calles Agro do Monte y Virxe da Soidade, que están allanados, y un tercero en el que sus inquilinos adeudan al dueño -un conocido subastero de la ciudad- el alquiler de cuatro meses, en la Rúa Vagalume.
Esta última es calificada como la casa madre. Los vecinos la señalan como el germen de este conflicto social. Aseguran que el cabeza de familia, al que ya definen como "patriarca" pese a su juventud, es el que se dedica a reventar los accesos a otras casas para que puedan instalarse familiares o amigos suyos. Dicen que cobra por ese servicio 50 euros.
Han puesto el caso en conocimiento de los servicios sociales porque el "patriarca" tiene un hijo de corta edad y habita en una infravivienda que, a su juicio, no reúne las condiciones para que resida un menor. Los vecinos recuerdan que les ayudaron con enseres y alimentos cuando se instalaron.
El mapa de ocupación que documenta esta información evidencia que este no es un problema puntual, sino que se está extendiendo irrefrenablemente por la zona más antigua del barrio.
Casi todas las casas reúnen el mismo perfil. Son viviendas vacías que suelen pertenecer a una persona mayor, que está internada en el geriátrico de As Gándaras o que se ha ido a vivir con alguno de sus hijos, debido a que ya no se puede valer por sí misma.
"ATEMORIZADOS". Al anocher los mayores cierran sus puertas a cal y canto para no correr el riesgo de ser víctimas de estos indeseables inquilinos. Cuando salen de casa para ir al centro de salud o al supermercado, sus vecinos vigilan. En esta zona están "atemorizados", afirma Jaime Gueimonde, que preside la asociación vecinal Gatos Roxos, que desde el 17 de febrero se manifiestan los domingos para dar un toque de atención a las administraciones para que tomen cartas en el asunto. Ya llevan tres actos de protesta.
Este fin de semana no habrá para que los vecinos puedan disfrutar de las fiestas del barrio en honor a San José, que se celebrarán desde el viernes al martes próximo.
La gota que colmó el vaso para desencadenar esta catarata de protestas fue cuando el 9 de febrero cuatro vecinos, entre ellos Prudencio González, sorprendieron con las manos en la masa a unos okupas que acababan de entrar en una vivienda de la Rúa Monte Adairo. Aprovecharon la ausencia de su propietaria.
Forzaron una ventana para acceder y ya habían bloqueado la puerta principal con un pasador y la de atrás con una maleta llena de arena. Esa misma noche la Policía Nacional los desalojaba. No sin que antes preparasen la comida con productos que estaban en el congelador, envalasen candelabros, sillas y un televisor para llevárselo y causasen destrozos en varias dependencias.
EXTORSIÓN. Llovía sobre mojado. Solo un mes antes había sido usurpada otra casa, al día siguiente de Reyes, en la Rúa Agro do Monte. Su dueña, Margarita Reguera, llegó a un acuerdo con los molestos inquilinos. Primero le pidieron 300 euros por marcharse, pero no accedió. En ese tira y afloja sellaron la paz con una compra por importe de 50 euros (leche, carne, pescado, potitos, pañales...). Los okupas se fueron, pero se llevaron electrodomésticos y herramientas.
Al día siguiente Margarita Reguera y su marido reforzaron las puertas con cadenas y candados para evitar una nueva ocupación. Pero de nada les sirvió. Dos semanas después, el 22 de enero, se repetía la historia.
En esta ocasión no ha tenido tanta suerte. La casa sigue allanada. Los okupas le han propuesto firmar un contrato. Pero ella no acepta. Dice que lo hacen para poder acceder a ayudas sociales. Ya han sacado de la vivienda inmuebles, que tienen a la intemperire deteriorándose con la lluvia. Margarita Reguera considera que esta es "una mafia".
Este okupa vive con su pareja y con dos hijos de entre seis y diez años de edad. Según explica Margarita Reguera, cuando acudió al inmueble usurpado se encontró con que "para dar lástima utilizan a un tercer niño con discapacidad", que afirma que "no es hijo suyo".
En la otra casa que está ocupada, sita en la Rúa Virxe da Soidade, al lado del colegio público, una de sus moradoras, Sara Cortiñas, reconoce que se ha instalado en ella porque no tiene "donde vivir".
Sí tienen un contrato de alquiler los inquilinos de la casa que los vecinos de As Gándaras consideran como el origen del conflicto, en la Rúa Vagalume. La arrendataria y el arrendador protagonizaron un intercambio de acusaciones con las cámaras de Telecinco como testigo, en las que el propietario, que al parecer se hizo con la vivienda en una subasta, aseguraba que le adeudaban la renta de cuatro meses, mientras que ella respondía que llevaban "mucho dinero" pagado.
Los vecinos de As Gándaras recuerdan que hace cinco años se enteraron de que se iba a instalar esta familia y le ofrecieron al dueño una renta mensual de 200 euros para tener vacía la casa, pero este rechazó esa propuesta porque dijo que le pagaban 350.
Prudencio González asegura que "desde hace dos años" el cabeza de familia se dedica a buscar casas libres en el barrio y "abrirlas para un familiar o un amigo suyo y le cobra 50 euros".
MODUS OPERANDI. Este improvisado portavoz vecinal explica cómo es el problema de la ocupación en As Gándaras. "Primero entran en casa y te piden dinero por salir. Puedes negociar. Si pagas, ellos se van, pero como no tapies la puerta, en una semana tienes a otros dentro", detalla.
Recuerda el caso de una vivienda unifamiliar de la Rúa Virxe dos Ollos Grandes, la calle en cuyo cruce con la Rúa San Xosé se encuentra la iglesia parroquial, de donde arrancan las manifestaciones de los domingos, tras la misa del mediodía.
Prudencio González cuenta que los propietarios de esta vivienda "le pagaron 500 euros hace cinco o seis meses" a los okupas para que se marchasen y entonces tapiaron la puerta.
Este vecino también tiene presente lo que le sucedió a otras dos casas del barrio, sitas en la Calzada das Gándaras y en la Rúa do Galo, que curiosamente ardieron el día que se marcharon, en el primer caso por desahucio y en el segundo porque la vivienda no reunía condiciones porque carecía de servicios imprescindibles como electricidad y agua.
