Solo una de los tres investigadores vinculados a la edición de 2006 del programa de investigación Isidro Parga Pondal que trabajaban en el campus de Lugo podrá mantener su trabajo dentro del grupo en el que estaba integrada hasta ahora. El equipo de esta investigadora, Genética para la Acuicultura, le ha ofrecido un contrato vinculado a proyectos de investigación, que se mantendrá mientras el grupo vaya consiguiendo financiación específica para llevar a cabo sus estudios, ya sea a través de contratos con empresas o de subvenciones públicas.
Los otros dos investigadores tendrán que buscar una salida a su carrera, puesto que los grupos en los que estaban integrados no tienen capacidad económica para ofrecerles un vínculo laboral de este tipo.
La Universidade de Santiago dio permiso la semana pasada a los grupos de investigación para contratar con cargo a proyectos concretos a los investigadores que agotaron los cinco años de contrato dentro del programa Isidro Parga Pondal, una iniciativa de la Xunta de Galicia para promover la carrera investigadora y la estabilización de personal altamente formado en Galicia.
Hay 17 investigadores de esta promoción que han pasado todas las evaluaciones pertinentes -por lo que la Xunta ofrece hacerse cargo de su contratación durante tres años- y que habían confiado en el compromiso de la USC de convocar plazas que les permitiera optar a la estabilización dentro de la plantilla de la universidad. Sin embargo, el gobierno de la USC, que dirige Juan Casares Long, solo ofertará cinco plazas.
El colectivo afectado presentó ayer mismo un recurso de alzada contra esta convocatoria por falta de precisión en el baremo y las bases. Además, también han recurrido el Consello de Goberno donde se decidió no dar opción de estabilización a todos los Parga Pondal, como hasta ahora sí se había hecho en la USC.
A su vez, los investigadores han presentado reclamaciones contra el vencimiento de su contrato y para solicitar la nulidad del despido, ateniéndose a su vinculación laboral de cinco años con la USC. Mientras tanto, solo siete de los 17 afectados han obtenido propuestas de sus respectivos grupos para continuar con su labor.
La medida también afecta a quienes tienen un contrato del programa Ramón y Cajal, creado con la misma filosofía, pero a nivel nacional.
