El sarriano Remigio García Díaz y su familia ya respiran "tranquilos" y con "satisfacción" después de conocer que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la anulación del decreto de la anterior alcaldesa, del 28 de diciembre de 2015, por el que clausuró la actividad de su fábrica del barrio de As Insuas. El cierre del taller "foi inxusto, temos licenza de 1975", manifiesta el propietario de Puertas Loyo.
Este recuerda los "problemas económicos e morais" que les supuso el cierre del negocio "dun día para outro, parecía que foramos delincuentes". Este se produjo, según recoge la sentencia, después de la denuncia de un vecino "por partículas e ruídos". "Non había partículas e nunca houbera queixas polos ruídos", defiende el sarriano, quien critica que desde el Ayuntamiento «nunca» realizaron mediciones al respecto.
Rememora como "cada media hora pasaba a Policía Local para controlarnos por orde da alcaldesa, como delincuentes". "Colleunos de sorpresa", dice sobre el cierre del negocio que puso en marcha hace 44 años este sarriano "con moito sacrificio". Lamenta la "mala imaxe" que dio que el Ayuntamiento lo clausurara.
"Pasamos noites sen durmir, non comiamos ben... Toda a familia estabamos igual. As dores de cabeza que pasamos", señala García, quien afirma que se sentían "indefensos e impotentes" ante la decisión del Concello. Considera que "un alcalde está para axudar non para pechar fábricas".
Con las sentencias ven "como van poñendo a cada un no seu sitio" y ahora estudian solicitar responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.
Si cuando cerraron la fábrica "non tiveramos ningún recurso, estariamos todos na rúa, non tiñamos a onde ir coa empresa", asegura. Ante la clausura tuvieron que buscar unas nuevas instalaciones, en las que pagan un alquiler, mientras que las de As Insuas son de su propiedad.
No pudieron volver abrir el negocio, ya en el polígono de O Morelle, hasta "catro meses" después ante las "dificultades" para localizar una nave que reuniera las condiciones. Además, tuvieron que solicitar autorizaciones, preparar las instalaciones y trasladar la maquinaria. "Foi como empezar de cero", resume.
En estos cuatro meses que tardaron en volver abrir "non producimos e non ingresamos, pero houbo que pagar aos empregados e os impostos". "Sempre me gustou atender ben aos clientes e estiveron esperando", lamenta el propietario de Puertas Loyo, un negocio que cuenta con tres personas en plantilla. A estas hay que sumar, dice, "os colocadores, vernizadores e provedores".
El empresario se queja de la "lentitude" del sistema, pues el Ayuntamiento cerró la fábrica en diciembre de 2015 y hasta mayo de 2018 no salió a la primera sentencia, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, que anula el decreto de alcaldía. Por su parte, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tardó "ano e medio" más.
