EN MUCHAS OCASIONES, los matices marcan grandes diferencias. Es la letra pequeña la que más veces de lo deseado oculta a primera vista elementos que llegan a transformar la realidad. Ejemplos recientes hay de sobra. También en la polémica del ‘tax lease’, un modelo de financiación para la construcción de buques del que durante toda una década los astilleros de comunidades como Galicia, Asturias y País Vasco se beneficiaron indirectamente, al hacerlo también otros actores que intervenían en un esquema a varias bandas cuya devolución exige ahora en parte Bruselas, a raíz de una denuncia que data de 2006. Ese mismo sistema también hizo ganar mucho dinero a los bancos. No hay que olvidarlo.
Competencia, con el demonizado Joaquín Almunia al frente, no pide la devolución de ayuda alguna, sino de las desgravaciones y bonificaciones fiscales que gozaron quienes invirtieron en este tipo de negocio, dejando a un lado el protagonismo de astilleros y concediéndoselo a armadores (navieros) y grandes fortunas (inversores). Por implicaciones, las hubo hasta de los sucesivos gobiernos en Madrid, cuyos responsables tributarios vieron con buenos ojos e incluso alentaron este tipo de bonificaciones con el fin de reactivar el durante años maltrecho sector naval. Conviene traspasar la epidermis para llegar al meollo de la cuestión.
De cuadrangular se puede catalogar el alambicado mecanismo de desgravaciones, del que se beneficiaron tanto los armadores (descuentos en el precio de los buques), grupos inversores (obtenían rebajas en su factura fiscal por adelantar el dinero), astilleros (lograban más carga de trabajo) y bancos, que comercializaban la estructura (en su propia terminología) como un producto financiero más. Eso sí, destinado a grandes patrimonios, entre los que se encuentran también unos cuantos gallegos.
Pero es el momento del ruido. Ahora, con los trabajadores de los astilleros en la calle, con más de media clase política arremetiendo contra Almunia y la decisión de devolución de Bruselas, que ya comienza a matizarse, y hasta con advertencias del propio Mariano Rajoy, convendría preguntarse si el de la devolución del ‘tax lease’ es un problema que afecta al último eslabón de la cadena (los maltrechos astilleros) o al propio Estado español, ya que este sistema de bonificaciones fue aprobado, operación por operación de forma individualizada, por la Dirección General de Tributos.
Es de esperar que lleguemos al final de este laberinto en breve, como así parece, y que sea para bien, pero en los matices residen aquí también las grandes diferencias. Veamos. Al asegurar que la devolución del dinero destinado a las estructuras fiscales de «tax lease» recaerá sobre inversores y armadores, en beneficio de los astilleros y banca financiadora, la devolución puede sacudir el entorno empresarial gallego si se hace realmente efectiva su retroactividad. De activarse la devolución para inversores, la medida tocaría de lleno a grupos como Inditex, Cortizo y Megasa, e inversores como José Alberto Barreras. A mayores, la práctica totalidad de las entidades financieras gallegas se subieron a la ola: NCG, Banco Gallego y Banco Pastor, además de grupo nacionales como el Santander. Todos ellos formaron parte, de una u otra forma, en la creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) durante la década de 2000 para beneficiarse de la ‘tax lease’. ¿Y cómo lo hacían?
Básicamente, la agrupación de interés económico adelantaba la financiación necesaria siempre que, además del cumplimiento de otros requisitos, se trasladase al menos el 75% de la ventaja fiscal obtenida a la entidad naviera que acabaría quedándose el buque. Los incentivos tributarios en la construcción de barcos de todo tipo, de gran tonelaje, para las entidades ajenas al sector se encontraban en el ámbito del Impuesto de Sociedades. Esas inversiones les llevaron a tener bases imponibles negativas en lo que respecta a Sociedades, con el consiguiente ahorro a pesar de sus beneficios.
La arquitectura fiscal de las agrupaciones de interés económico establecía mecanismos de blindaje ante reclamaciones y frente a terceros para los grandes patrimonios que invertían en dichos activos. Ese era uno de los atractivos del sistema de bonificaciones.
Por tanto, cabe preguntarse si son los astilleros quienes más se beneficiaron de este esquema de bonificaciones o fueron los grandes inversores con el fin de pagar menos a Hacienda. Ese es el quid. Y ese es el meollo de un lío envuelto en cortinas de algaradas que no dejan ver del todo las responsabilidades últimas de este asunto. Incluso las del propio Estado español, quizá el mayor autor de un guión lleno de gazapos.
Accionistas a la fuerza en NCG
MIENTRAS Pachi Vázquez advertía en la comisión de cajas que la entidad resultante, NCG, es algo así como un ente que agoniza en busca de comprador, cuyo capital es 100% del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), la propia entidad presidida por José María Castellano, minutos antes de que él mismo compareciera también en el Parlamento, comunicaba al mercado cómo quedaba definido el canje de preferentes y deuda subordinada. El Estado se queda exactamente con el 62,75% del capital de la entidad. El resto, ese 37,25% del accionariado, pasa a ser de los ahorradores atrapados en las preferentes.
A su vez, el Fondo de Garantía de Depósitos, antes la UVI del sector bancario y ahora una herramienta multiuso, daba de plazo nada menos que una semana y lanzaba su oferta de adquisición sobre esas acciones, que a su vez tendrán también una quita sobra la ya realizada en los canjes inicialmente. Dos corralitos en uno. Cabe preguntarse si los preferentistas que no acudan a la oferta y se mantengan en la entidad optarán a ocupar sus teóricos puestos en el consejo de administración de NCG en proporción al peso accionarial que tengan finalmente en la entidad una vez realizado el canje voluntario. La pregunta resulta retórica en medio del anuncio de venta acelerado. Caste sigue teniendo su plan, pero cada vez está más claro que serán Santander y BBVA quienes opten a la compra de NCG. Todo muy medido.
Fue el Estado quien alentó el sistema de desgravaciones a los inversores que entrasen en el maltrecho sector naval»
Tipos con interés
Alberto Núñez Feijóo
Reparto de culpas a pesar de la defensa de la fusión solvente
«¿Soy culpable o no pinto nada en todo esto?» A buen seguro que Núñez Feijóo llegó ayer a la comisión de cajas con intención de sudar la camiseta. Apenas hizo falta. Miró hacia atrás, al decir que el Banco de España avisó al bipartito en su día de la «deriva dañina» de las entidades, y también fijó la mirada en Méndez y Gayoso, y les reprochó «comportamientos personalistas que maximizaron los daños». La suya no fue una faena de aliño, pero capeó las embestidas pisando con facilidad el territorio de los informes a medida, cuando no preguntando por el papel del resto de los grupos en el devenir de las extintas cajas.
BBVA y Santander, la solución española que amenaza NCG
Directo y sin circunloquio alguno, al presidente de NCG le llevó muy poco tiempo relatar sus planes para mantener un banco con sede en Galicia, aunque con pocas novedades. De sus palabras salieron dos marcas en forma de amenazas: Santander y BBVA como la solución española para el futuro de Novagalicia. Su comparecencia en la comisión tuvo las preferentes como común denominador. Pero Caste prefirió mirar hacia adelante y se mostró convencido de que el FROB actuará en la venta con “absoluta neutralidad”. Y parafraseó a Einstein al asegurar que “los que han tenido el privilegio de saber tienen la obligación de actuar”.
