La Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura y Pesca recibió este miércoles por la tarde el informe preliminar geotécnico, enviado por la Xunta de Galicia, que recomienda el cierre cautelar del acceso a los arcos y corredores del monumento natural de As Catedrais, como medida de seguridad provisional. Los técnicos del Gobierno deben estudiarlo para decidir qué hacer y cuándo en esta área con peligro de desprendimientos, por lo que no está claro que de cara a este puente festivo esté en marcha la prohibición. El alcalde, Fernando Suárez, se mostró esperanzado por la preocupación de las administraciones en cuanto al problema de la seguridad, pero también preocupado "polo escaso poder que ten o Concello na xestión do areal".
"Vai sendo cada vez máis habitual que a lexislación, tanto estatal, como autonómica, lle cargue responsabilidades aos municipios á vez que lles reduce os recursos. E non sería xusto que pague o pato o máis pequeno e se abandone á súa sorte ao Concello de Ribadeo. Non temos nin competencias nin recursos para xestionar un espazo natural protexido que é ademais o segundo lugar máis visitado de Galicia despois da catedral de Santiago", argumentó, tras una reunión convocada este miércoles en Lugo por la Consellería de Medio Ambiente, en la que la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana Díaz, dio cumplida cuenta del informe preliminar, ante la presencia también del jefe provincial de Costas, José Miguel Estevan Dols.
El Concello de Ribadeo insiste en pedir la colaboración de las administraciones en la gestión del enclave y por su parte aportará "todo o que se poida", como los socorristas y sanitarios contratados en el verano. El regidor también está a la espera de la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección das Catedrais, encargado por el ente municipal, "que suporá un paso de xigante á hora de xestionar o espazo adxacente de 54 hectáreas do areal". Entre los objetivos de este documento figura el poder retirar el restaurante y alejar los aparcamientos sobre el acantilado, para despejar y proteger el acantilado.
Hay un "grave risco" de que caigan bloques y piedras de distintos tamaños a lo largo de una parte importante de la playa y el peligro es mayor bajo los arcos
La Fundación de Enxeñería Civil de Galicia -a la que la Xunta le encargó un estudio de la zona tras el accidente mortal ocurrido a finales de marzo en el arenal, cuando una roca se desprendió de uno de los arcos y cayó sobre una visitante- aconseja cerrar al público el acceso a estas zonas por el riesgo de desprendimientos que presentan. Como es una franja de dominio público marítimo-terrestre, compete al Ministerio de Medio Ambiente ejecutar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los visitantes en esos corredores.
RESPONSABILIDADES. Las competencias de la Xunta en la playa se limitan a la protección del monumento desde un punto de vista ambiental con el objetivo de evitar su deterioro, y en ese sentido, se fija un tope máximo de visitas en temporada alta de 4.812 personas. Pero desde la Xunta aclaran que "é o Estado quen pode adoptar as medidas de policía preventiva necesarias para garantir a seguridade dos visitantes e de forma subsidiaria, o Concello, como administración responsable en materia de seguridade pública".
Provisionalmente, se recomienda no pasar bajo las cuevas, los arcos y los corredores en túnel.
Hay un "grave risco" de que caigan bloques y piedras de distintos tamaños a lo largo de una parte importante de la playa y el peligro es mayor bajo los arcos, que son por cierto lo más visitado.
Las conclusiones del estudio son aún preliminares, pero por el momento, lo más prudente es trasladarle a Costas la solicitud. El informe definitivo podría estar ya disponible en octubre. "Ese é o prazo estimado", como matizó el alcalde de Ribadeo, quien confía en que entonces "xa se poidan tomar medidas a máis longo prazo, coa fin de que a visita a este espazo natural protexido sexa o máis segura posible".
La Xunta reforzará este puente festivo con seis personas la atención en el enclave para informar de los riesgos. Los agentes medioambientales advertirán de la prohibición de ir por la parte alta del acantilado y podrán sancionar acorde a la Lei de Conservación.
