La que era jefa de servicio de Inspección Urbanística de la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) para las provincias de Lugo y Ourense cuando comenzó el proceso de revisión de las licencias concedidas en Barreiros dijo este miércoles en el juicio que “en esas condiciones no se podían haber otorgado” los permisos de construcción.
Lo afirmó durante la segunda jornada de la vista oral que se está celebrando en el Juzgado de lo Penal de Lugo por la supuesta concesión irregular de 44 licencias para la construcción de 3.500 viviendas en el municipio de Barreiros durante el año 2006, una causa por la que el ministerio fiscal pide dos años de cárcel y diez meses de inhabilitación para el alcalde, Alfonso Fuente Parga.
En 2006 el municipio anunció que asumiría la construcción de 3.500 viviendas cuando estaban empadronadas 3.200 personas
Durante su declaración por videoconferencia, la funcionaria explicó que la Aplu empezó a “actuar” a raíz de una noticia publicada en prensa “antes de mayo de 2006”, en la que se hablaba de la carencia de servicios en el municipio para asumir la construcción de 3.500 viviendas, cuando en Barreiros estaban empadronadas entonces unas “3.200 personas”.
Cuando la Aplu comenzó a analizar la concesión de licencias, precisó, “llamaba la atención” que, a pesar de que se detectaban “ciertas irregularidades”, por parte de la arquitecta municipal se emitía igualmente “informe favorable”.
Además, subrayó que a la secretaria municipal se le pedía informe jurídico sobre las licencias “o el día antes” o incluso el “el mismo día” en el que iba a procederse a su aprobación, de modo que emitió diez informes desfavorables por falta de servicios básicos, pero dejó más o menos otras tantas licencias sin informar por falta de tiempo para analizar los casos que le eran planteados y suspendió una treintena de procedimientos por un motivo similar.
Sobre la actuación de la arquitecta municipal, que figura como investigada, al igual que el alcalde y todos los miembros de la junta de gobierno que aprobaron las polémicas licencias, la funcionaria de la Aplu incidió en el hecho de que en sus informes reconocía la necesidad de modificar determinados proyectos de construcción para adaptarlos a la legalidad, pero al mismo tiempo “informaba favorablemente”.
De hecho, precisó que "informaba favorablemente" aunque hacía constar que el abastecimiento de agua era insuficiente o el suministro eléctrico estaba saturado, y fiaba la solución de esas dificultades a una “proyecto de ejecución posterior”, cuando “los servicios hay que acreditarlos con rigor desde el principio”.
La Aplu Señala que "todos los informes de la Xunta" hacían constar que los terreonos no eran edificables
En cuanto a los terrenos en los que el Ayuntamiento de Barreiros permitió construir, salvo excepciones, la responsable de la Aplu confirmó que las "fotografías aéreas" demostraron que "no estaban integrados en la malla urbana" y, por lo tanto, “todos los informes emitidos por los técnicos de la Xunta” hicieron constar que no reunían los criterios para ser considerados “suelo urbano consolidado”.
De hecho, precisó que entre los años 2008 y 2009, en las sucesivas visitas realizadas por los técnicos de la Aplu a Barreiros, se constató que algunas edificaciones en curso estaban "en un entorno físico rural" e incluso que se habían concedido licencias para edificar sobre lo que antes eran "masas forestales".
Se formaban, abundó, auténticas “pantallas urbanísticas”, hasta el punto de que “cualquier persona sin conocimientos urbanísticos” podía darse cuenta de que esos terrenos no podían ser considerados como “suelo urbano consolidado”.
“Recuerdo que traía las catiuscas manchadas de excrementos de animales cuando regresaba de esas visitas”, dijo la responsable de la Aplu, porque había animales pastando a pocos metros de los edificios en construcción.
