SE VENDE pueblo abandonado por no poder atender. Así titulaba hace años un periódico nacional un reportaje sobre una página web que trataba de abrir un nuevo nicho de mercado hasta entonces inaudito, la venta de esas aldeas que se habían ido quedando vacías en la España profunda.
La liquidación vía internet de la historia de las generaciones que habitaron desde tiempos inmemoriales esos pueblos era la consecuencia de la falta de políticas para fijar población en la zona rural por parte de las administraciones. Sin embargo, la aparición de la iniciativa privada en el caso de las aldeas abandonadas parece que comienza a dar frutos y ya se conocen experiencias sostenibles de aldeas rehabilitadas y repobladas.
Pero si la crisis demográfica es un hecho que conocemos bastante en una provincia como Lugo, en los últimos años, sobre todo en la capital, nos estamos enfrentando a otro tipo de abandono por no poder atender, el de edificios públicos que los gobiernos de distintos colores no saben qué hacer con ellos.
La Diputación es quizá la administración con más cemento parado y quizá por ello ha sido la primera en mover ficha para darle salida, aunque no a través de una oferta de venta, sino directamente regalándolo.
Esta semana el presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, no sabemos si ya metido en plena faena preelectoral, firmó la cesión de la guardería del campus a una asociación de ayuda a personas con autismo. Está abandonada desde que se iniciara su construcción hace diez años debido a los problemas burocráticos y las guerras partidistas para la obtención de la licencia. Y aunque este año más de 450 niños se quedaron sin plaza en las guarderías de la Xunta y otros 300 en las del Concello, la administración provincial decidió renunciar a impulsar una escuela infantil y optó por el proyecto que le planteó Raiolas, que se compromete a dar uso durante 20 años a un edificio que, como mínimo, sonrojaba a quienes lo mantenían parado.
Al día siguiente de formalizarse esta cesión, Besteiro ofertaba a las asociaciones sin ánimo de lucro otra mole de cemento parada, el hospital de San José, aunque en este caso prevé un proceso abierto a todos los colectivos. Claro que la envergadura de las instalaciones y el coste de su mantenimiento hará difícil que puedan optar a hacerse con la gestión los pequeños o medianos colectivos de la ciudad y, de hecho, las bases aprobadas para este concurso han provocado una crisis en el bipartito, dado que el BNG apuesta por repartir el espacio entre varias asociaciones o permutárselo al Concello por el Hogar de Santa María.
Esta última solución es sin embargo menos probable, porque al Ayuntamiento lucense lo que menos le interesa ahora mismo es asumir más edificios que reformar o mantener. Bastante tiene ya con darle contenido a las instalaciones que se fueron inaugurando en los tiempo de bonanza, como la Casa da Xuventude, el Museo Interactivo de la Historia de Lugo o el CEI-Nodus de Garabolos, o a los que vendrán, como el nuevo auditorio o la rehabilitada cárcel.
Eso sí, aunque no acepten el cambio de cromos, los socialistas del Concello al menos se felicitan de que sus colegas de la Diputación busquen soluciones para el patrimonio público parado, mientras reprochan que la Xunta no haga lo mismo con otros mamotretos parados, el más visible, los edificios del antiguo hospital Xeral.
La Consellería de Sanidade sigue sin darle impulso a los proyectos que había previsto para el antiguo complejo hospitalario, a pesar de que los vecinos se movilizaron para intentar salvar un barrio de A Residencia que no levanta cabeza desde el cierre del Xeral. Una unidad de salud mental, un centro de día, un punto de atención continuada (PAC) y un centro de atención primaria eran algunas de las promesas que hacía hace dos años la conselleira Rocío Mosquera a los residentes, mientras desde el PP incluso se llegaba a proponer la creación allí de una nueva comisaría de la Policía Nacional para sustituir a las obsoletas instalaciones de la calle Chantada.
El recorte presupuestario es el argumento que se utiliza desde la Xunta para mantener el abandono de este complejo, el mismo que dejó aparcado sine die la rehabilitación del cuartel de San Fernando y que ha sido aceptada con resignación franciscana por el gobierno del Concello, todavía propietario del edificio.
La Cámara de Comercio de Lugo, la crónica de un muerte anunciada
La crisis de la Cámara de Comercio de Lugo es la crónica de una muerte anunciada para una entidad que creció al amparo de un legislación considerada abusiva por muchos pequeños empresarios que estaban obligados a pagar por unos servicios que pocas veces usaban y que no supo adaptarse al cambio normativo que convirtió en voluntaria su pertenencia.
Utilizada en su momento por algunos dirigentes como instrumento para enfrentarse al poder político, en ocasiones se gestionó con ocultismo tanto su contabilidad como las contrataciones, una dinámica que recuerda a la vivida en las viejas cajas de ahorro, donde unos consejeros sin nada que perder dejaban a los ejecutivos manejar a su antojo las entidades.
Tras la estampida de los últimos empresarios que trataron de reflotar la nave a la deriva, la liquidación de la Cámara podría ser cuestión de meses, dado que su patrimonio inmobiliario puede no ser suficiente para afrontar el agujero de 5,3 millones que acumula. Esta posibilidad también podría dejar sus dos sedes de la Avenida de Ramón Ferreiro y Augas Férreas convertidas en edificios fantasma, abandonados a su suerte por no poder atender.
(Publicado en la edición impresa el 13 de septiembre de 2014)
