El colegio de Abogados, en colaboración con el Círculo de las Artes, reanudó este jueves sus jornadas jurídicas de la mano de José Antonio Seijas Quintana, magistrado en el Tribunal Supremo, que habló en el Círculo sobre Guarda y custodia compartida y nuevas realidades familiares.
¿Ha habido avances para dotar de una mayor seguridad jurídica a la custodia compartida?
No, no ha habido ningún avance. Las cosas siguen igual, porque estamos trabajando con una normativa yo creo que incompleta sobre la guarda y custodia compartida. El derecho de familia es algo dinámico y el legislador debería estar pendiente a estos cambios. El caso es que se está legislando en algunas autonomías en relación con la guarda y custodia compartida y sin embargo a nivel estatal no tenemos una legislación sobre ella. Yo creo que haría falta; daría una mayor seguridad jurídica.
Comenta que ha habido avances en algunas autonomías.
En Galicia todavía no. El último que se ha incorporado ha sido el País Vasco.
¿Qué otras realidades sociales del derecho de famillia abordará en la ponencia de mañana?
Lo que quería analizar es precisamente los cambios que desde la Sala Primera del Tribunal Supremos estamos observando. Por ejemplo las nuevas realidades de familia, introducidas desde el año 2005, como la unión de las parejas de hecho; el tema de la maternidad subrogada; las parejas con hijos que rehacen su vida, con un problema que tenemos muy grave en relación con la vivienda familiar. Sobre todo, el profundizar en la idea de que tenemos que tener muy en cuenta el interés del menor, que es lo que debe primar y hay que tomárselo muy en serio.
¿Cómo han evolucionado estas nuevas realidades sociales y problemas de familia?
Supongo que en la Sala habrán observado casos más habituales y otros que con el tiempo y los cambios en los modelos de familia han ido disminuyendo. El Tribunal Supremo atiende muchos casos de familia que acceden al recurso de casación. Lo que vamos observando es una realidad muy cambiante. Hace poco tuvimos que resolver una guarda y custodia compartida de un navarro y una japonesa, con una viviendo en Japón y otro en Pamplona. Son situaciones muy importantes. Lo que quiero decir con esto es que el ciudadano, el matrimonio, la pareja que se separa procura buscar una solución correcta a sus intereses y algunas veces nos llegan estas situaciones al TS. Otra cosa es la solución que puedan tener estos casos. Hay un tema que empieza a ocuparnos, que son las familias reconstituidas: el marido o la mujer con hijos que se vuelven a casar y que tienen a su vez hijos en esa nueva unión, y que es más grave cuando en el medio está el uso de la vivienda familiar. La realidad está superando con creces lo que en estos momentos está regulado por ley; especialmente en custodia compartida y en vivienda.
Usted es de la opinión de renovar las leyes sobre la custodia compartida. ¿Cree que también es necesario un cambio en el Código Penal sobre agresiones sexuales?
Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre esta cuestión. En lo que sí nos hemos pronunciado es en los efectos que la violencia de género está teniendo en la guarda y custodia compartida.
Todas las asociaciones de jueces han salido en defensa de la separaración de poderes a raíz de las declaraciones del Ministro de Justicia por el fallo particular de La Manada. ¿Consideran que en este caso y en otros se está vulnerando la separación de poderes?
En un estado democrático y de derecho cada uno debe estar y debe saber dónde está. Cada vez me preocupa más el tema de la seguridad jurídica y el respeto a las decisiones de los tribunales. Todo eso da garantía y confianza al ciudadano y creo que deberíamos ser conscientes de lo que nos estamos jugando con estas situaciones. No podemos estar tampoco a situaciones cambiantes o puntuales, que además pueden tener respuesta en el ordenamiento jurídico. Porque en el caso de los abusos que me preguntaba, todavía tenemos dos instancias: un Tribunal Superior que va a analizar el caso y un Tribunal Supremo. Por tanto, demos la oportunidad de que los jueces se pronuncien. Como digo, la seguridad jurídica, que es un principio constitucional, es lo que se está poniendo en cuestión por determinadas decisiones políticas y, también, por determinadas decisiones de algunos tribunales.
Esta separación de poderes es una de las reivindicaciones que los los jueces plantean en la huelga del próximo 22 de mayo. ¿Cree que con esta huelga se van a empezar a dar los pasos para la ansiada reforma de la administración de Justicia?
No lo sé. Llevo muchos años en la carrera judicial, más de cuarenta años y llevamos reivindicando cosas mucho tiempo. Algunas se consiguen y otras no, pero lo que es bueno es que en estos aspectos concretos se oiga la voz de los que estamos al frente de la administración de justicia, que somos los jueces. Hacen falta cambios, como dotar de más medios, jueces con mejor formación, muchas cosas. Por ejemplo, ahora estamos desbordados con el tema de los productos financieros, y habría que adoptar soluciones concretas para lograr que el ciudadano tenga respuesta rápida a sus problemas, porque lo que sí vemos es que el ciudadano cada vez acude más a los tribunales de justicia a solucionar sus problemas.
