"El despido fue nulo y no me readmiten porque les molesta que concilie. Llevo 9 meses esperando a que la empresa acate el fallo judicial, pero veo que no tienen ninguna intención de hacerlo y estoy cansado de presentar escritos y recursos en los juzgados. Esto no se puede consentir". Así de tajante se muestra un lucense que lleva más de dos años litigando con su empresa, con la que comenzó a tener "problemas" cuando se separó de su mujer y solicitó una reducción de jornada para poder ejercer la custodia compartida de su hijo, que tenía reconocida por sentencia judicial firme.
El hombre -vigilante de seguridad en una de las grandes empresas del sector- pidió una reducción de horas en 2015 para poder hacerse cargo de su hijo menor. La empresa se la concedió, pero en julio de 2018 se la retiró sin darle explicaciones. "No me lo comunicaron, ni tan siquiera de palabra. Simplemente colgaron el cuadrante del mes con mi turno completo". El hombre acató el nuevo horario, pero denunció el caso en el juzgado de lo Social número 1 de Lugo. "A partir de ese momento comenzaron mis problemas con la empresa. No me entregaban las nóminas, no me pagaban las horas extra y me imponían las vacaciones, entre otras muchas cosas".
Finalmente, en junio de 2019, la jueza concluyó que la empresa modificó el horario y la jornada diaria del trabajador "sin justificación ni notificación alguna", por lo que obligó a la firma "a reponerle en las anteriores condiciones de trabajo que regían antes de producirse dicha modificación". Además, condenó a la compañía a indemnizar al hombre en la cantidad de 3.500 euros por daños morales, "dada la gravedad de la conducta del empresario, que incide directamente en el ejercicio de un derecho fundamental del actor, como es el cuidado de su hijo menor".
La compañía le pagó al indemnización y lo readmitió, pero 14 días después lo echó a la calle, supuestamente "por causas objetivas". El trabajador acudió de nuevo a los tribunales -al considerar que se trataba una represalia por solicitar la reducción de jornada- y en diciembre de 2019 un juez le dio la razón y declaró el despido "nulo", pero la empresa todavía no acató el fallo.
"Llevo nueve meses esperando a que se cumpla la sentencia y me readmitan en mi puesto de trabajo con mi jornada reducida, pero la empresa no deja de poner excusas con el único objetivo de perjudicarme. Ahora hablan de que hubo una subrogación, pero en cualquier caso sería posterior a la sentencia. Lo peor es que, en todas las comparecencias ante el juez, el abogado de la compañía expone sus argumentos sin que nadie le pida ninguna prueba ni justificación. Así van alargando las cosas, pero yo estoy a tratamiento psiquiátrico y esto me está costando la salud", lamenta. Este lucense exige que la Justicia obligue a la empresa a acatar la sentencia, "ya que el más perjudicado es el menor", concluye.
Actuación judicial
Para este trabajador, la Justicia tampoco vela por el interés de los menores como tendría que hacerlo. "No entiendo que no se le exija más a una empresa que no acata una sentencia. Yo hasta he exigido por escrito que la jueza y el letrado de la Administración de Justicia me expliquen si tienen algún tipo de amistad con la demandada", denuncia.
