ENTRE LA NAVIDAD y las elecciones nos están dejando el país perdidito de buenas intenciones y deseos de pactos, que viene a ser lo mismo. Es lo que conlleva apostar por un presiente que ni fecha de renacimiento propia tiene, acostumbrado a presentar programas y presupuestos como quien escribe la carta a los Reyes Magos, todo buenos propósitos para el año nuevo que se olvidan el 2 de enero, como si gobernar fuera apuntarte y pagar la primera cuota del gimnasio o matricularte en un curso online de inglés que dejas de lado a los tres días.
Yo, por no ser menos, también tengo mi propuesta de pacto, aunque quizás por lo del espíritu navideño y lo de acordarse de los más necesitados me he decidido, sin venir a cuento, por el de la Justicia. Porque la educación o la sanidad o la seguridad siempre tienen quien se acuerde de ellos, y a todos se nos llenan la boca y las discusiones familiares de Nochebuena de acuerdos entre cuñados sobre la necesidad de pactos duraderos sobre esos pilares básicos de nuestro sistema, pero nadie se acuerda de la Justicia.
Entre la Navidad y las elecciones nos están dejando el país perdidito de buenas intenciones y deseos de pactos
Será, supongo, porque todos queremos pensar que nunca nos va a tocar pasar por un juzgado, del mismo modo que estamos convencidos de que el sistema educativo o el sanitario sí son algo fundamental en nuestro presente y en nuestro futuro. Pero no acabamos de asumir que antes que un estado de Bienestar nuestro sistema es un estado de Derecho, que sin este no puede existir el otro y que no podemos darlo por sentado.
Si nos sentimos más o menos seguros en nuestras casas, o al caminar por la calle cada día, o al contratar un servicio, o al firmar un contrato, es porque asumimos que existe ese estado de Derecho, que hay una Justicia a la que podemos acudir en caso de necesidad. El chorizo que nos puede pegar el palo a punta de navaja, el empresario sinvergüenza que no tendría escrúpulos en explotar a sus empleados hasta la esclavitud, el vecino incívico que amarga a toda una comunidad, el banco que considera nicho de negocio la estafa a gran escala, el político que anota los votos en la cuenta B... no tienen otro freno que el miedo al castigo que supuestamente debe garantizar la administración de Justicia en aplicación de las leyes. Una sociedad sin seguridad jurídica es solo una manada. Y eso, la seguridad jurídica, es lo que se está quebrando desde hace mucho tiempo en España.
De poco sirve disponer de un ordenamiento jurídico hiperdesarrollado como el nuestro si no ponemos los medios para que esas leyes se cumplan de manera rápida, que es el único modo de que sean eficaces. Nuestros juzgados, todos, llevan colapsados desde hace demasiado tiempo. No hay jueces, ni funcionarios, ni fiscales suficientes. Muchos juzgados no disponen ni siquiera de algo tan básico para su funcionamiento diario como impresoras, papel, espacio físico o unos simples archivadores. Miles de delitos quedan impunes por falta de medios para ser investigados, por prescripciones, por la desidia que acaba por atenazar al sistema. Miles de trabajadores despedidos injustamente que lo han perdido todo pasan meses y meses esperando por una sentencia que no solo les reconozca la indemnización a la que tienen derecho, sino que les permita siquiera reiniciar sus vidas. Miles de mujeres víctimas de la violencia machista arrastran su miedo por los pasillos de los juzgados mientras sus torturadores les envían whatsapps en los que presumen: «Yo de la comisaría voy a salir, pero tú de esta no sales, puta». Miles de consumidores se resignan a pagar facturas abusivas antes que defender sus derechos en unos procesos judiciales que se prolongarán eternamente y que les costarán más de lo que les van a devolver. Es mucho más devastador para una sociedad la resignación ante el abuso que el abuso en sí.
Algunos actores del sistema de Justicia tampoco han hecho mucho para que mirásemos con cierta empatía la situación
Es verdad que durante mucho tiempo algunos actores del sistema de Justicia tampoco han hecho mucho para que mirásemos con cierta empatía la situación. Atrincherados en una independencia que no pocas veces se ha vestido de impunidad, no han sabido transmitir a la sociedad la idea de que esto era también cosa de todos, como la sanidad o la educación, muchas veces sin asumir que ellos mismos no son al fin y al cabo sino otros funcionarios al servicio de los ciudadanos.
Pero la necesidad aprieta. A todos. Cómo estará la cosa que las cuatro principales asociaciones de jueces de este país, en un acuerdo insólito en nuestra democracia, han aparcado sus luchas intestinas y su aparente distanciamiento para consensuar una propuesta de pacto por la Justicia que pone sobre la mesa buena parte de los problemas que han infectado el sistema y que alerta sobre la urgencia de iniciar el tratamiento ya. Antes ya habían dado el paso los fiscales, los abogados y los funcionarios. El Gobierno, este y los anteriores, los ignoraron, por supuesto. Si no puedes controlar la estructura encargada de controlarte, mejor que no funcione. Así nos va.
Por eso yo, que no recuerdo haber cumplido un solo buen propósito en mi vida, propongo este para la nueva legislatura, asumiendo que tendrá el mismo destino que el resto. Si no lo hemos conseguido todavía con derechos que consideramos tan nuestros como la educación o la sanidad, difícil lo tenemos con este. La diferencia es que cualquier guerra por cualquier otro derecho, por muy justa y urgente que sea, está condenada al fracaso si antes no nos aseguramos de que el campo de batalla es un estado de Derecho.
