La declaración de la secretaria general del Instituto Nacional de Estadística (Ine), Natividad Domínguez Calaveras, y de la jefa de Área Pilar Rocasalbas Vázquez, que habían sido citadas como investigadas por la jueza Pilar de Lara en la causa de O Garañón, por la compra del sanatorio García Portela para convertirlo en la sede de la institución en Lugo, ha quedado aplazada.
El incidente de recusación planteado por la defensa del que fuera secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido admitido a trámite, de modo que la jueza Pilar de Lara ha quedado temporalmente apartada de la instrucción de la causa hasta que sea resuelto por la Audiencia Provincial.
En una providencia con fecha del 13 de abril, a la que EFE ha tenido acceso, la instructora citó a declarar a ambas responsables del INE "en calidad de investigadas por la presunta comisión de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación".
Ambas fueron citadas para comparecer en los Juzgados de Lugo el 19 de mayo a las 10:30 horas, pero finalmente su declaración ha sido aplazada.
En la misma providencia, la jueza hace referencia a la "actitud obstruccionista del INE" en relación con este asunto, porque "ha ocultado información relevante a este Juzgado que ha sido ulteriormente presentada tanto por el Ministerio de Economía y Hacienda como por la Subdirección de Patrimonio del Estado".
La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha puesto la lupa sobre la operación de compraventa por parte del INE del Sanatorio García Portela, un edificio ubicado en las inmediaciones del parque de Rosalía de Castro y de las polémicas torres de O Garañón, al apreciar indicios de que ha sido "un pelotazo" urbanístico.
En un auto firmado el pasado 7 de octubre, la jueza sostiene que "no cabe duda del carácter, aparentemente, especulador de la operación", en la que "habría participado un organismo público, de forma manifiestamente injusta y empobrecedora para el erario público".
Una operación, añade, que "habría enriquecido, también de forma injusta, a una empresa privada, pudiendo hablarse, siquiera indiciariamente, de un auténtico pelotazo".
La jueza subraya que "una empresa constructora" vendió a una firma dedicada a "la panadería industrial" un "antiguo sanatorio", un edificio "antiguo, inservible" y en "estado ruinoso".
Pese a ello, esa empresa "encuentra rápidamente un comprador", el "propio Estado", e incluso lo halla "antes de ser propietaria del edificio", dado que se lo ofertó al INE antes de formalizar la compra con la constructora. Con esta operación, según Pilar de Lara, la empresa panificadora ganó "una plusvalía de un 46,44%, al obtener unos beneficios por la venta de 671.376 euros".
Las obras de rehabilitación y adaptación del García Portela, que tienen un plazo de 15 meses, están en pleno proceso de ejecución por parte de la empresa Tragsa.
