La Policía Nacional tiene la mosca detrás de la oreja tras la presentación de ocho denuncias por robos de teléfonos móviles en el último mes y medio en la comisaría de la capital lucense. Las fuerzas del orden sospechan que las supuestas víctimas podrían estar incurriendo en una simulación de delito para cobrar de la compañía de seguros.
Las dudas han surgido una vez que en las últimas semanas se ha producido un repunte de robos de teléfonos móviles de alta gama en la vía pública. Cada terminal sustraído tenía un valor que ronda los 1.000 euros.
Las supuestas víctimas declararon en comisaría que cuando iban por la calle se les acercó alguien por detrás, les arrebató el celular de las manos y emprendió la huida. Ofrecieron demasiados detalles, aunque sin llegar a identificar al ladrón.
Los agentes acrecentaron esas sospechas a raíz de los resultados del uso de la aplicación VeriPol, una herramienta informática policial que, a partir de analizar la declaración de la víctima, orienta sobre si esa denuncia puede ser falsa. Se utiliza sobre todo en casos de robo, como estos.
CURIOSIDADES. En una de esas denuncias presentadas en el último mes y medio en la comisaría de la capital lucense, una mujer aseguró primero que le habían hurtado el teléfono móvil y a los pocos días volvió a las dependencias de la Rúa Chantada para decir que lo había encontrado, pero que esta vez se lo acababan de robar dos jóvenes.
Los agentes están convencidos de que la supuesta víctima consultó a su compañía de seguros y que, al comprobar que no le cubría el hurto, optó por presentar una nueva denuncia.
Otro caso curioso fue el de un joven que denunció que le habían robado el teléfono móvil en la calle, cuando en realidad lo había vendido en un establecimiento de segunda mano. Pretendía así cobrar por partida doble.
La cobertura del robo del celular cuando acontece en una vía pública suele aparecer recogida en el seguro de hogar o, cuando se trata de aparatos de alta gama, las propias tiendas de telefonía ofrecen unas pólizas para rotura o sustracción.
Ante esa impune proliferación que se está registrando de presuntas simulaciones de delito, los agentes de la Policía Nacional están optando en la comisaría de Lugo por cuantificar el coste económico que les supone las investigaciones para esclarecer esos casos.
Después le remitirán ese informe al juzgado con el fin de que, si este lo estima oportuno, se lo repercuta a las personas que presenten esas denuncias que no se ajustan a la realidad.
La simulación de delito, que aparece recogida en el artículo 457 del Código Penal, le acarreará al autor, en el caso de que fuese condenado, una pena que consiste en una multa económica, que va desde los seis a los doce meses. Su cuantía la tiene que determinar el juez que vea el caso.
