La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, iniciará el próximo 2 de mayo la toma de declaraciones a testigos tras la denuncia por prevaricación y malversación de fondos presentada por el portavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, contra la alcaldesa Lara Méndez, a raíz de la acumulación de contratos caducados que no son renovados desde hace años.
La jueza, que decidió abrir diligencias previas en este caso, llamó a declarar como testigo al propio denunciante, que comparecerá ese día a las 9.30 horas. Una hora después está citado el jefe del servicio de contratación y, a las 11.30 horas, el interventor municipal.
La apertura de diligencias por parte de Pilar de Lara tiene como objetivo analizar unos hechos denunciados que "presentan características de delito sin especificar", según consta en el escrito de citación. Además, se explica que al jefe de contratación se le preguntará sobre "los procesos de adjudicación de los contratos a los que se refiere la denuncia y sobre el estado de los expedientes de contratación".
Por su parte, el interventor municipal deberá informar sobre los reparos de legalidad y contratación sobre los contratos vencidos y sobre los contratos de suministro que sería necesario licitar.
EL 50% CADUCADOS. Mientras, el portavoz del PP sostuvo este martes que la denuncia presentada contra la alcaldesa "cobra más fuerza ahora" después de que su grupo comprobase que la mitad de los contratos del Concello están caducados.
Antonio Ameijide confirmó que de los 91 contratos periódicos que formalizó el Ayuntamiento de Lugo, 44 están ya caducados en este momento, mientras que otros 27 están a punto de hacerlo.
El portavoz popular precisó que el informe elaborado por el jefe del servicio de contratación certifica que han sido remitidos 102 avisos para alertar al gobierno local de la necesidad de licitar esos 44 servicios con el contrato caducado. "Fueron alertas inexplicablemente ignoradas por Lara Méndez", comentó Ameijide, quien considera que en estos casos se percibe "o mala fe o ineptitud" por parte del gobierno local.
Además, el concejal advierte de que el informe no recoge otros casos polémicos, como el contrato caducado de la publicidad en paradas de bus y mupis y el impago del canon del párking público de Viana do Castelo. En ambos considera que la alcaldesa es "cómplice necesaria al permitir que empresas privadas se lucren explotando propiedades municipales".
