Como adelantó este sábado El Progreso, el empresario José Manuel García Adán, aceptó una pena de un año de cárcel y el ginecólogo Carlos Jesús A.M. aceptó una multa de tres meses, en los que no podrá ejercer, a razón de 6 euros diarios –540 euros– .
El juicio señalado para este jueves y viernes en la Audiencia Provincial de Lugo no llegó a celebrarse. Esta vista era por el caso de inducción al aborto que constituye la pieza dos de la operación Carioca, la primera de este asunto que llega a juicio con alguno de sus principales protagonistas como acusados. Se trata del proxeneta García Adán y del ginecólogo, para los que Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años y medio de prisión.
El ministerio fiscal, la acusación particular y las defensas llegaron a un acuerdo de conformidad, que fue ratificado este jueves por la Audiencia. García Adán aceptó ser condenado a un año de prisión como autor de un delito de inducción al aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. Por su parte, el ginecólogo que practicó la operación accedió a declararse culpable de haberla realizado fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado.
Además, los dos acusados pagarán 4.500 euros en concepto de indemnización a la víctima. Una cantidad que irá a parar a la madre de la chica obligada a abortar, que es quien ejerce la acusación particular después de que su hija muriera el pasado mes de noviembre por una grave enfermedad y sin haber llegado a recibir justicia después de más de diez años de instrucción del caso.
Y es que hay que recordar que la operación Carioca se inició en diciembre de 2008 por parte de la jueza Pilar de Lara, entonces al frente del juzgado de instrucción 1, para investigar las conexiones entre algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las redes de prostitución en Lugo. El asunto llegó a acumular más de 200 tomos y cerca de 200.000 folios, de tal manera que tuvo que ser dividido en 50 piezas, la mayor parte de las cuales ya han sido archivadas por ausencia pruebas o prescripción de los delitos.
SOBRESEIMIENTO. La acumulación de retrasos y vulneración de derechos durante la instrucción fue decisiva en la decisión del CGPJ de suspender de sus funciones durante siete meses a Pilar de Lara, que en 2009 incluso dictó prisión provisional para los implicados en este caso de aborto. Además de García Adán, el proxeneta para el trabajaba la chica que quedó embarazada, estuvieron varios meses encarcelados el ginecólogo y un empresario de Lugo que supuestamente había dejado embarazada a la joven. Sin embargo, después de años de azarosa instrucción, la Audiencia Provincial determinó en 2017 que las acusaciones contra este empresario debían ser sobreseídas, por lo que quedó libre de toda sospecha.
"Me gustaría manifestar que llevamos diez años padeciendo este procedimiento, con la jueza Pilar de Lara en el juzgado de Instrucción Número 1. Este señor ha sido privado de libertad. Ha estado en la cárcel, en Bonxe, acusado de un delito de aborto, porque la jueza instructora determinaba siempre que el aborto había sido no consentido", se quejó la letrada Iliana de la Cal.
Sin embargo, afirma que ha quedado acreditado que su cliente "no tenía conocimiento de las posibles presiones que podía haber habido por parte de García Adán" hacia la víctima.
La letrada del ginecólogo dijo que su defendido fue condenado solo a una multa por no tener licencia la clínica en la que tuvo lugar la intervención
