Una pareja lucense recurrió este lunes al juzgado a la desesperada para intentar parar un desahucio previsto para este viernes y que es consecuencia del impago de un crédito de 5.000 euros que el hombre pidió a una financiera.
El piso era propiedad del hombre y no tenía ninguna hipoteca, pero hace unos años necesitó dinero y recurrió a una financiera. Solicitó 5.000 euros y tenía que abonar una cuota mensual de 220 euros, pero se quedó sin trabajo y no pudo pagar. Además, los intereses y las cargas del crédito eran especulativos y, por ejemplo, tenían una recarga de 60 euros por un día o dos de retraso en el pago de la cuota, aseguran.
La pareja, formada por un hombre de 30 años y una mujer de 20, dejó de pagar cuando se vieron sin recursos, ya que el perdió el trabajo. "Ganaba poco más de 600 euros en un empleo sin contrato y cuando le pidió al jefe un contrato y una subida de sueldo, le despidió", explicó este lunes la mujer.
Tras dejar de pagar la cuota, la presión de la financiera fue aumentando y se enfrentaron a la pérdida de la vivienda. Dicen que la deuda inicial de 5.000 euros acabó superando los 9.000, una cantidad definitivamente imposible para ellos.
Aseguran que consultaron con abogados la posibilidad de denunciar a la empresa por las condiciones abusivas del crédito, sin embargo esos contactos con letrados no se tradujeron en la presentación de una demanda, con lo que el tiempo fue corriendo en su contra. Finalmente, el piso salió a subasta y en 2016 se vendió a un nuevo propietario.
La joven pareja dice que su vivienda estaba tasada en 60.000 euros y que salió a subasta por 15.500 euros, una baja que no entienden.
Señalan que, tras la subasta, el nuevo propietario les dijo que no les iba a desahuciar, pero finalmente optó por iniciar ese trámite en el juzgado, que ha puesto ya fecha límite para que dejen la casa.
Aseguran que no han pagado ninguna renta al hombre que compró el piso en 2016 porque no disponían de un número de cuenta corriente en el que hacer el ingreso, a pesar de haberlo solicitado formalmente en el juzgado.
Finalmente, tras no haber podido hacer esos pagos, se encontraron con que la deuda se iba acumulando y que, cuando el propietario les reclamó a través de un notario, no disponían de los más de mil euros que, según su versión, se les reclamaban.
Ahora, cuando están ya en una situación extrema y se ven ante la posibilidad de ser desalojados el viernes de la vivienda, la pareja ha solicitado la ayuda de Stop Desahucios para intentar parar el proceso.
La asociación, aseguraron, va a intentar que el juez paralice la orden de desahucio y que se revise todo el proceso que dio pie a que la pareja perdiera la casa.
Ellos aseguran que la actuación de la financiera, cuyo nombre dicen ignorar, fue turbia desde el primer momento. Así, afirman que un notario se negó a suscribir el crédito y que la compañía buscó otro notario en A Coruña para sellar el acuerdo y que casi obligó al hombre a firmar el préstamo.
