Construir sin licencia entraña riesgos, hasta el punto de que los responsables pueden acabar en la cárcel. Una pareja lucense estuvo a punto de verse en esa tesitura por levantar una casa en suelo rústico sin el permiso de ninguna administración. El fiscal pedía para ellos dos años y dos meses de prisión, una pena que implicaría su ingreso en un centro penitenciario. Sin embargo, los acusados asumieron su culpa y llegaron a un acuerdo con el fiscal, que rebajó su petición a 18 meses.
Las partes acordaron suspender la pena durante dos años, por lo que la pareja no irá a prisión, aunque tendrá que realizar un importante desembolso económico. Los acusados tendrán que pagar sendas multas de 1.800 euros y además asumir el coste de la demolición de las obras, ya que la casa no es legalizable.
Según explicó la Fiscalía en su escrito de acusación, alrededor del año 2010, los acusados promovieron la construcción de una vivienda residencial en el municipio de Lugo —una casa de planta baja y semisótano, con un volumen de 502 metros cúbicos—, a pesar de que no tenían licencia urbanística municipal ni autorización urbanística de la Xunta.
El fiscal solicitaba penas de dos años y dos meses de cárcel, pero los acusados asumieron su culpa y llegaron a un pacto
La pareja, con iniciales D.C.M. e I.M.R., encargó los trabajos, pero en otoño de 2011, funcionarios de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (Aplu) inspeccionaron la construcción y comprobaron que carecía de los permisos necesarios.
Además, el inmueble estaba en una parcela afectada por el PXOM (publicado en el DOG de 3 de enero de 1991), que consideraba el terreno como suelo rústico de protección agropecuaria y forestal, lo que implica que estaba «expresamente prohibido» darle usos residenciales.
En ese momento, según explicó el ministerio fiscal, la obra estaba inacabada —ejecutada en un 60%—, sin cubierta ni tabiques exteriores. Los acusados también iniciaron en la finca la construcción de un garaje de 138 metros cúbicos, que se encontraba ejecutado en un 80%. En el expediente de restauración de legalidad urbanística que elaboró el Concello de Lugo se califican dichas obras como "no autorizables en suelo rústico".
Ante esta situación, la pareja fue acusada de un delito contra la ordenación del territorio y el fiscal solicitó inicialmente para ellos sendas penas de dos años y dos meses de cárcel, así como multas de 5.400 euros. El fiscal pidió también que se demolieran las construcciones. En su escrito, de conclusiones, el ministerio público pedía que se requiriera a los acusados para que entregaran una fianza de 24.668 euros "a fin de asegurar las responsabilidades pecunarias derivadas de la demolición de las obras".
