El alcalde José López Orozco vivió ayer un nuevo día negro tras salir a la luz el auto de intervención judicial de la empresa Cechalva, que gestiona la grúa municipal de Lugo, en el que la jueza Pilar de Lara sospecha que tanto Orozco como el exconcejal Francisco Fernández Liñarez cobraron durante años 2.000 euros mensuales de la concesionaria. «É mentira que alguén, empresa ou persoa, me subornase nunca», aseguró el regidor, quien retó «a quen o diga a que o demostre», al tiempo que anunció una querella «contra quen fai afirmacións gratuitas».
Orozco hizo estas declaraciones en una rueda de prensa convocada después de haber acudido a los juzgados para intentar ver a la instructora del caso Pokemon, quien al estar de guardia no pudo recibirlo. Sin embargo, el alcalde sí que pudo ver a la titular del juzgado número 3, Estela San José, quien tiene abiertas diligencias tras una denuncia del regidor por presunta filtración de información secreta. «Pedinlle que investigue quen está a cometer o delito de difundir datos dun sumario segredo e con que finalidade intentan destruir a unha persoa inocente», comentó el regidor en alusión a la información periodística sobre el auto de intervención judicial de la concesionaria, un documento público sobre el que no rige el secreto de las investigaciones.
