CATALUÑA Y FRANCO determinaron la histórica o histérica semana de precampaña electoral. En ambos casos el concepto de orden y el carácter público cobran enorme relevancia tanto por separado como de forma conjunta. Digamos que la tensión en Cataluña suma y sigue siendo catalogada con empeño como problema de orden público por el travestismo interpretativo del fondo de armario gubernamental.
Y pensemos que la exhumación y reinhumación de Franco también han requerido un orden político y legal que pasado por el filtro electoral ha evolucionado de la discreción y la ausencia de medios a la exposición pública, hasta rozar el espectáculo televisivo ideado por el guión monclovita como superproducción de campaña. Orden y público, por separado o de forma conjunta como orden público, son palabras y binomio que explican por si mismos la exageración de estos días que nos llevan al 10-N, día de elecciones generales.
Si el orden representa la normalidad en la convivencia de los seres humanos y en el funcionamiento de sus relaciones, debemos admitir que el comportamiento de las personas en el espacio y en el tiempo determina el llamado orden social. Y del mismo modo que hay un orden social que nos afecta a todos en tanto en cuanto formamos parte de un marco con reglas, cultura y civilización comunes, sabemos también que hay un orden mundial, global según la modernidad, que cada cierto tiempo se convierte en nuevo por aquello de renovarse o morir.
Establecido, pues, el parámetro definitorio del orden, con ánimo reflexivo los ciudadanos nos debemos al respeto del orden público, que viene a preservar la armonía colectiva y social de nuestro entorno conforme a la legalidad vigente en cada lugar, territorio o país. Reducir a un problema de orden público la naturaleza de los disturbios vividos en Cataluña tras la sentencia condenatoria del procés, supone no reconocer la realidad verdadera para retorcer la ley a conveniencia política en el preámbulo de unas elecciones generales.
El propio orden legal en sí mismo significa obediencia debida al orden establecido de vida, que implica respeto y acatamiento a la organización social, política, económica y jurídica vigente en cualquier comunidad sometida a derechos y obligaciones dentro de la convivencia democrática. Cualquier vulneración de estas reglas de forma unilateral, por la fuerza o la imposición tramposa de una interpretación torticera de la Constitución, por la práctica de la violencia o el desacato a las sentencias de los tribunales, provoca la actuación del Estado de Derecho que acaba de culminar en condenas de nueve a 13 años de prisión por sedición y malversación para los cabecillas golpistas de una república independiente inexistente en la Carta Magna que rige en nuestra monarquía parlamentaria.
El orden natural de las cosas sometido a las leyes de la naturaleza como reguladoras del ser, el existir y el acontecer, se complementa con el orden público, que implica el respeto a los principios y valores fundamentales, se trate de Cataluña o de Franco; se trate de democracias, autonomías o dictaduras. Las libertades individuales, colectivas, sociales, territoriales, nacionales e internaciones tienen su límite en las obligaciones pacíficas de la ciudadanía, pero sobre todo en las obligaciones de las instituciones públicas como garantes del comportamiento individual y social.
La normalidad, igual que la estabilidad, representa una virtud del orden político que se ve traicionado cuando se traspasan las rayas rojas del orden público. Lo que ha ocurrido en Cataluña no requiere simplemente una llamada al orden, pues el Gobierno de turno, antes del PP y ahora del PSOE, tiene la obligación moral, ética y social de poner orden conforme a la ley y no conforme a un juicio político partidista. Ni por parte independentista ni por parte gubernamental se trata del consabido ordeno y mano sin orden ni concierto. Lo que procede es depurar responsabilidades de alcance en las condenas del Supremo y puntuales en el caso de los disturbios, violencia y acoso del independentismo radical que afecta a las libertades de la gran mayoría social catalana y española con un lamentable estallido de subversión del orden público.
Del mismo modo, la exposición de Franco en campaña tras unanimidad parlamentaria conforme a una orden gubernamental ratificada por el Supremo ha derivado en una película de serie B con obscenidad propia de Bigas Luna y aspiraciones de taquilla en urna electoral. Se ha preservado el orden social y jurídico en interpretación de la memoria con gran publicidad mediática que en campaña se puede catalogar mayormente de propaganda que de justicia histórica. Ciertamente, el orden se demuestra necesario a lo largo de la Historia para regular las relaciones entre personas y pueblos. Y es de obligado cumplimiento en una convivencia pacífica y democrática, sobre todo después de una Guerra Civil traumática como la española. Dicho en charnego, cuando el desorden público invade la libertad individual de quienes respetan la legalidad vigente, se está incurriendo en pasividad política del poder de turno tanto en ámbito estatal como autonómico.
