Ninguna ciudad gallega regula todas las conductas incívicas en una ordenanza

Las normas de convivencia de otras urbes se aprobaron para frenar el auge del botellón, un aspecto que no incluye borrador presentado por el gobierno lucense

Botellón nocturno en el parque Rosalía de Castro. AEP
photo_camera Botellón nocturno en el parque Rosalía de Castro. AEP

Ninguna de las grandes ciudades gallegas logró por ahora reunir toda la normativa para actuar contra las conductas incívicas en una misma reglamentación, tal y como pretendía hacer el gobierno local de Lugo con la ordenanza de seguridad que acaba de descartar y en la que estaba previsto prohibir desde la actuación de los gorrillas a tener sexo en el coche en lugares públicos.

Así, en la mayoría de urbes los problemas de convivencia se abordan en diferentes ordenanzas, aunque Vigo y A Coruña sí cuentan en cambio con una normativa específica que se aprobó en su momento para tratar de frenar el fenómeno del botellón, un aspecto que curiosamente no se incluyó en el borrador de ordenanza de seguridad de Lugo al considerar el gobierno local que ya había en la actualidad legislación autonómica y estatal para combatir este problema. La lucha contra el botellón era sin embargo el principal argumento esgrimido en 2009 por el ejecutivo que lideraba José López Orozco para impulsar una ordenanza de civismo que acabó por retirar ante el rechazo del BNG -que por aquel entonces daba apoyos puntuales al gobierno-, así como de diversas organizaciones sociales.

Sin embargo, en aquel momento otras ciudades donde el auge del botellón estaba generando problemas de convivencia en algunos barrios llevó a los gobiernos locales de las grandes capitales gallegas a implantar ordenanzas en las que se limitaba el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y se establecían multas por su incumplimiento.

De hecho, Vigo cuenta desde 2009 con una ordenanza municipal de convivencia ciudadana y ocio que prohíbe los botellones en aquellos espacios declarados como protegidos y que son aquellos puntos donde se pueden registrar concentraciones numerosas y continuadas, denuncias de vecinos, así como actos incívicos o vandálicos. La aplicación de la ordenanza permite establecer multas leves, de 300 a 750 euros; graves, que irán de 751 a 1.500; y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

Santiago tiene una ordenanza de convivencia que contempla sanciones por daños en servicios o equipamientos públicos

El Ayuntamiento de A Coruña también se dotó en 2008, con el PP gobernando con mayoría absoluta, de un instrumento legal para luchar contra el botellón. La ordenanza municipal de la convivencia y el ocio en el espacio público creó, al igual que en Vigo, zonas declaradas de especial protección, donde se impiden las grandes concentraciones en la vía pública entre las 22.00 y las 08.00 horas, y se establecen multas de entre 200 y 3.000 euros para las personas que impidan descansar a los vecinos.

SANTIAGO. Pero si las ordenanzas de convivencia de Vigo y A Coruña se centran en el botellón, la capital gallega cuenta una normativa más amplia, en la que se regulan también problemas como el vandalismo o la falta de civismo en la limpieza. Así, al igual que se preveía en el borrador para Lugo, se contemplan multas de hasta 750 por conductas como la "perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio de actividades por outras persoas" o por la causada "á salubridade ou ao ornato públicos", así como a los servicios, equipamientos o espacios públicos.

Mientras, en Pontevedra, donde gobierna el BNG desde 1999, también existe desde 2008 una ordenanza de convivencia que en su día fue consensuada con el PSOE con la que se trata de hacer frente a las "alteracións sociais derivadas do consumo de bebidas nos espazos públicos".

Prohíbe la permanencia y concentración de personas en las vías y zonas públicas consumiendo bebidas cuando alteren la convivencia, a excepción de terrazas, veladores, fiestas y romerías populares. La ordenanza prevé multas de entre 750 y 3.000 euros.

En Ourense, el actual gobierno del PP trata de negociar con la oposición una normativa de convivencia centrada en la lucha contra el botellón. La denominada ordenanza municipal reguladora de la convivencia cívica y la protección de la salud prevé sanciones de hasta 10.517 euros para los participantes en el botellón.

Finalmente, Ferrol no tiene una ordenanza específica de convivencia, aunque sí se reguló en 2016 el botellón a través de un bando del alcalde sin incluir sanciones a la espera de una ordenanza específica de convivencia. Este municipio cuenta sin embargo con otras normativas que regulan, por el ejemplo, cuestiones como el uso y disfrute de las playas.

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