Opinión

Ni en Barcelona, ni en Santiago

DEFINITIVAMENTE hay sindicatos que creen que la manera de conseguir sus objetivos en la negociación colectiva no tiene limitación alguna. Por eso, si deducimos sus códigos de actuación de sus actos, hay que concluir que deben entender que ahora está justificado para conseguir sus objetivos de condiciones de trabajo, sobre todo salariales, que los trabajadores de los filtros de seguridad de los aeropuertos sometan a los viajeros a un trato insoportable, intolerable, e inaceptable al obligarles a una espera caprichosa, mediante una actitud de abuso enderezada a la ralentización y exacerbación de los controles de seguridad de acceso a las puertas de embarque, hasta eternizarlos, exigiendo para el trámite más de una hora, y haciendo imprevisible el tiempo necesario para ello, como viene sucediendo en el aeropuerto barcelonés de El Prat, y se disponen a hacer, según han anunciado, en los de Lavacolla en Santiago y Peinador en Vigo los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los servicios.

Como es obvio, estas prácticas sindicales, pretendidamente inscritas en el derecho de huelga, las vienen perfeccionando con el tiempo, y hay que suponer que las acciones solo rematan cuando son totalmente eficaces. Se ha visto que en Barcelona no se cede sino con la consecución por los trabajadores de su pretensión inicial de un aumento de 250 euros en las catorce pagas que perciben los trabajadores. Esa me parece que es la reivindicación principal, que, al parecer, no admite contraoferta. Se plantea a última hora como lo tomas o lo dejas. Y mientras tanto, viajeros a la cola, a esperar y a soportar.

Bastante desagradable es ya el filtro de seguridad de los aeropuertos, en no pocas ocasiones humillante para la dignidad, al menos para la mía, al tener que soportar los cacheos y el despojo de prendas, el manoseo del equipaje de mano y demás actuaciones del guión, como para que además genere un problema que afecta, hay que decirlo, a la libertad de los usuarios del trasporte aéreo.

Las fuerzas políticas deberían considerar que ha llegado la hora, trascurridos casi cuarenta años de la promulgación de la Constitución, de regular por Ley el ejercicio del derecho de huelga. Sencillamente porque así lo dispone la propia Carta Magna en su artículo 28: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Es tiempo ya de afrontar este tema y de acabar con situaciones que no deben soportar los ciudadanos, como los viajeros sometidos al papel de rehenes en los aeropuertos o las ciudades llenas de basura, la que no recogen y la que esparcen los piquetes, y en fin, con las paralizaciones arbitrarias de servicios esenciales sin observar muchas veces en su integridad los servicios mínimos.

En esta cuestión que nadie acuse a los demás. Todos han sido protagonistas de dejación en esta materia, y todos deben contribuir a su ordenación, que de eso se trata. Hay que sustraer la actividad laboral reivindicativa en determinados servicios públicos del panorama anárquico en el que se desenvuelven, que abona el desorden y mayores abusos.

En los controles de seguridad de los aeropuertos se materializa el ejercicio de potestades públicas de seguridad, de modo que, una cosa es que se delegue su ejercicio, pero si se compromete por razón de reivindicaciones laborales, hay que cortar por lo sano. Basta viajar a Bilbao para comprobar que allí en los controles solo hay individuos de la Guardia Civil. Sobran cautelas ajenas al interés general en estos casos, porque no están justificadas. La ejecución material de potestades públicas no puede ser utilizada para reivindicaciones laborales. Para que se entienda. Por eso la Guardia Civil tiene y debe seguir teniendo estructura y disciplina militar, para que no pueda ejercer el derecho de huelga con arreglo a lo dispuesto por la Constitución. Y por eso la Guardia Civil es garantía de que un servicio de seguridad no se paralice ni se condicione al servicio de los intereses de nadie.

Confiemos en que padecida la enfermedad se haya aislado la vacuna, y que en los aeropuertos gallegos se actúe sin dilación, y no haya que guardar cola hasta que a los trabajadores les aumenten el salario en la cifra que ellos hayan decidido. Condicionando, en rigor, de un modo inaceptable la negociación colectiva. Eso no debe suceder ni en Barcelona ni en Santiago ni en Vigo. Ni en parte alguna.

Para colmo, en Barcelona se está utilizando de forma miserable este conflicto laboral como argumento a favor de la disparatada deriva secesionista, participando en el coro cargos de la Generalitat, que solo a última hora se ha arrimado a sus responsabilidades, que las tiene. Lamentable.

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