CIERTO que los pillos suelen anticiparse a la ley y el orden, y no siempre acaban pagando por sus fullerías. Así todo, qué dirán todos los que luchan, con escaso éxito, por unas jubilaciones dignas, tras cotizar durante toda su vida laboral, al ver que la Policía descubrió hace nada a trece mil ciudadanos que percibían ilegalmente pensiones de personas fallecidas, por un montante de unos seis millones de euros, sin que nadie los detectase a tiempo.
En Lugo, por ejemplo, acaba de ser condenado un hombre que cobró durante dieciséis años el subsidio de su hermana muerta. Verdad también que, de una manera u otra, siempre hubo pícaros que utilizaron hábilmente este procedimiento de estafa, a costa de quienes ya no podían percibir la asignación, pero eso no justifica la facilidad con que es posible suplantar la identidad de una persona que figura en el registro civil como fallecida.
Es posible que la inercia con la que a veces se trabaja en los organismos públicos coadyuve al descuido, pero, ¿no se exige dar fe certificada para que el titular siga beneficiándose? ¿O tan fácil es falsear el documento que acredita la pervivencia? Y no siempre ocurre que los impagos indebidos vayan a ser resarcidos, lo cual es otra manera más de corrupción a costa del erario. Lo pagamos todos
