LUGO. El Concello de Lugo lleva varios años eludiendo su responsabilidad legal de tramitar las sanciones a menores que son identificados consumiendo alcohol, en la calle. Solo en los últimos tres años, ha obviado más de doscientas actas levantadas por este motivo por la Policía Autonómica, la inmensa mayoría realizadas en los botellones.
El propio Concello reconoció este lunes este punto, al constatar que en 2015, 2016 y 2017 no tramitó ninguna propuesta de sanción por este motivo. Por contra, la Policía Autonómica levantó en ese periodo en la capital 210 actas a menores que identificó bebiendo en la calle. Mientras que es el cuerpo policial autonómico el responsable de realizar las actas, son los ayuntamientos los encargados de tramitarlas, al tratarse en su práctica totalidad de infracciones leves.
Las responsabilidades en la lucha contra este problema vienen marcadas en la ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad en Galicia, que entró en vigor en diciembre de 2010. Un texto cuyo preámbulo recoge explícitamente la obligación de todas las administraciones y agentes sociales y económicos de tomar parte en la prevención de este fenómeno, cuya expresión más relevante es «el botellón, que ha pasado de ser un fenómeno social a un problema social, como fuente de conflictos de orden diverso. Pero, además de la colisión que supone contraponer los derechos de los participantes en esta práctica y el derecho al descanso de los vecinos de las zonas donde se practica, el problema más acuciante y grave, desde el punto de vista de la salud pública, es el acceso a estas concentraciones de un número creciente de menores de edad».
EL PROCEDIMIENTO. Esas concentraciones las controlan regularmente los agentes del equipo de menores de la Policía Autonómica, que en 2017 identificaron a 88 menores consumiendo alcohol en las calles y parques de Lugo. En 2016 levantaron 83 actas por este motivo, mientras que en 2015 fueron 39. Cada vez que identifican a uno, llaman en el momento a sus padres o tutores para informarles y que se hagan cargo de ellos, pero el acta sigue su curso.
Pero no es la Policía Autonómica la encargada de ejecutar las sanciones por esta infracción, sino que da traslado a la Xunta. Es esta la que comprueba si las infracciones son leves, graves o muy graves. La administración autonómica ejecuta las sanciones en caso de que sean muy graves o graves en su grado alto, mientras que las traslada a los ayuntamientos si son leves o graves en sus grados mínimo y medio. La Delegación de la Xunta en Lugo comunicó ayer que esas actas fueron enviadas al Concello para que actuara, al ser todas leves.
Según explicaron ayer fuentes municipales, es la Policía Local la encargada de su tramitación, pero en los tres años referidos no hay información de que se haya completado ninguna, con lo que todos los menores identificados por beber alcohol han quedado sin escarmiento.
La sanción económica por una infracción leve en grado mínimo es de hasta 600 euros, de los que tendrían que hacerse responsables los padres o tutores del menor. Sin embargo, como el objetivo de la ley es la prevención y la reeducación de los menores, recoge una alternativa más recomendable: «La autoridad competente para la imposición de las sanciones podrá decidir, en función de la sanción y su capacidad organizativa, la sustitución, a solicitud del infractor o del representante legal, por la realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. Además, las sanciones podrán sustituirse, previa solicitud del menor y conocimiento y aceptación de sus padres o tutores y con la compatibilidad con las actividades escolares, por la inclusión del infractor en programas preventivos de carácter formativo o informativo, o de tratamiento, a desarrollar durante un número de sesiones».
CONCIENCIAR. Al no completar el proceso, el Concello estaría de este modo perdiendo una oportunidad de concienciar a los menores sobre el consumo de alcohol.
Fuentes municipales explicaron al respecto que «los expedientes no tienen que acabar obligatoriamente en sanción, sino hay que verificar antes todos los datos». Añadieron que «si es la primera vez que el menor es identificado, como la Policía Autonómica ya avisa a los padres, no se suele tramitar».
Por último, dichas fuentes explicaron que el Concello de Lugo realiza esa labor de concienciación a través de diversos programas, jornadas y talleres con menores organizados por la concejalía de asuntos sociales.
Sanciones locales: solo se multaron en 6 de las 13 actas
Cualquier infracción relacionada con la venta de alcohol a menores es considerada, como mínimo, grave, pudiendo llegar a ser muy
grave, por lo que la ley les reserva las multas de mayor cuantía. Estas sanciones son de un mínimo de 3.005 euros y, en función del
grado de catalogación, pueden alcanzar los 15.025.
Otro nivel son las infracciones muy graves, por ejemplo cuando hay reincidencia: parten de 15.025 euros y en el peor de los escenarios pueden alcanzar los 601.012 euros.
