Rafael Louzán, expresidente de la Deputación de Pontevedra y actual mandamás de la Federación Galega de Fútbol, se negó este viernes a declarar en el juicio en el que se le acusa de fraude y prevaricación.
Louzán se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía. El resto de acusados, entre los que se encuentran Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña y delegada terrritorial de la Xunta en Galicia, y Enrique Pais, responsable de Construcciones Eiriña, sí testificaron, aunque solo a las preguntas de sus propios letrados.
Todos ellos negaron cualquier irregularidad en las obras investigadas. La vista oral en la que el actual presidente de la FGF y la delegada de la Xunta en Pontevedra se enfrentan a posibles penas de 3 años de cárcel se sigue desarrollando a primera hora de la tarde.
Al entender que todas las preguntas que quería hacer ya habían sido respondidas por el resto de acusados, el abogado de Louzán renunció a interrogar a su cliente, por lo que éste se acogió a su derecho a no declarar.
Por su parte, Piñeiro, alcaldesa de Moraña en el momento de los hechos; Pais, dueño de la empresa Eiriña; el director técnico de esta constructora, Jaime Alvariñas y el exdirector de infraestructuras en la Deputación, José Manuel Juanatey; y el arquitecto D.A.L.O.; solo respondieron a las preguntas de sus propios letrados negando cualquier irregularidad en las obras investigadas.
La Fiscalía solo pudo preguntar, de este modo, a dos de los acusados, los representantes de las dos empresas E.C. Casas y Construcciones y Canalizaciones Salnés.
El Ministerio Público asegura que después de las obras de O Buelo, la Deputación organizó una segunda adjudicación a la que se invitó a estas dos empresas como "mero trámite" ya que los trabajos fueron adjudicados de nuevo a Eiriña, mediante una partida de libre disposición del presidente provincial, por una cantidad similar al sobrecoste generado en las obras del campo de fútbol.
Pais y su número dos en Eiriña, Jaime Alvariñas, negaron haber amañado la licitación de estas obras rechazando que acordasen con las otras dos constructoras que presentaran "presupuestos de compromiso" para darle legalidad a este proceso de adjudicación. "Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema", ha resuelto Alonso Pais.
Igualmente, el entonces director de Infraestructuras de la Deputación, Manuel Juanatey, ha justificado que se licitó un segundo concurso ante las "necesidades detectadas" para mejorar el campo.
En los documentos exhibidos durante esta prueba testifical los abogados de la defensa mostraron como la Deputación ya había pagado a la empresa un importe por unos modificados surgidos durante la construcción del campo de fútbol, unas obras diferentes a la ampliación del muro que fue objeto de la segunda adjudicación que tuvo un coste muy parecido.
EL CONCELLO "NO GESTIONÓ" LA CONTRATACIÓN
Por su parte, Luisa Piñeiro ha insistido en que el Concello de Moraña no gestionó la contratación, la adjudicación ni el pago de estas obras, limitando su participación en este asunto a que desde el Gobierno local "pedimos una subvención y nos han hecho un campo de fútbol", ha concluido.
La Fiscalía ha pedido la reproducción en la Sala de dos conversaciones grabadas en el teléfono intervenido de Jaime Alvariñas en las que, con apenas 10 minutos de diferencia, hablaba sobre esta obra con Mauricio Rodríguez, representante de E.C.Casas y con Diego González, administrador de Construcciones y Canalizaciones Salnés, ambos acusados en esta causa.
Los dos empresarios han enmarcado esta conversación en cuestiones laborales ajenas a cualquier artimaña irregular, como la consulta de precios o la posibilidad de una subcontratación.
CUESTIONES PREVIAS
Al inicio del juicio, los letrados de la defensa se ocuparon de las denominadas cuestiones previas en las que han pedido la nulidad de todas las actuaciones.
Los abogados han argumentado, entre otras razones, que son nulas las escuchas telefónicas practicadas y sus transcripciones y han asegurado que en este caso se ha vulnerado el derecho de defensa de los acusados.
Además, han planteado que el juzgado instructor, el de primera instancia de número 7 de Vigo, carece de "competencia territorial" en esta causa surgida dentro de la Operación Patos o que la investigación ha sido prospectiva.El abogado de Luisa Piñeiro también ha pedido la retirada de la acusación de fraude contra la alcaldesa de Moraña al entender que ha prescrito.
"CON TRANQUILIDAD". Louzán y Piñeiro señalaron que afrontaron la vista oral "con tranquilidad". Piñeiro mostró su confianza en la Justicia, mientras que Louzán aseguró que "no hay ningún perjuicio para la Administración" y añadió que la operación Patos "quedó en nada", indicando que más de 50 de los 60 investigados "están fuera". "Todo se hizo con luz y taquígrafos, lo que nos da tranquilidad", añadió Louzán.
Ambos políticos se enfrentan a posibles penas de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude.
El fiscal sostiene que idearon una argucia para abonarle 86.000 euros a la empresa Eiriña por trabajos ya realizados. Varios técnicos y empresarios comparten banquillo con los citados.
