Los cinco ayuntamientos gallegos que albergan centros penitenciarios piden compensaciones económicas, ya que consideran que se trata de ciudadanos que, pese a no estar empadronados, "residen" en el municipio, aunque sea en un régimen de privación de libertad.
Estos municipios reclaman además indemnizaciones para contrapesar que los edificios de las cárceles no estén sujetos a impuestos, indicaron a Efe representantes de las localidades afectadas, A Lama, Curtis, Monterroso, Outeiro de Rei y Pereiro de Aguiar.
Todos ellos se reunieron la semana pasada con responsables de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Gobierno para abordar estos asuntos.
Los alcaldes de estas localidades tienen previsto, además, precisar próximamente el monto global de sus reclamaciones, que podría ser de medio millón a un millón de euros anuales en conjunto.
Prisión de Teixeiro
El regidor de Curtis, el ayuntamiento coruñés que alberga la prisión de Teixeiro, Javier Caínzos, indicó a Efe que el objetivo es conseguir "compensaciones" por la presencia en su territorio de unos centros y una población que requieren ciertos servicios específicos.
El centro penitenciario de Teixeiro -en Curtis- y el de A Lama -en el municipio pontevedrés del mismo nombre- acogen de 1.300 a 1.400 reclusos cada uno, mientras que los otros tres tienen entre 300 y 600 internos.
Los municipios de Curtis y A Lama, con alrededor de unos 4.000 habitantes cada uno, reclaman así el pago de 267.000 euros anuales para los dos, monto con el que entienden que se lograría subsanar el hecho de que esa población reclusa no sea contabilizada como residente, lo que les impide percibir fondos del Estado en los cálculos del número de habitantes.
Además, ambos municipios piden también otros 135.000 euros para resarcir el hecho de que las prisiones estén exentas de pagar el impuesto de bienes inmuebles.
Monterroso, Outeiro de Rei y Pereiro de Aguiar
Los demás ayuntamientos reclaman cantidades inferiores, cuyas cifras están siendo calculadas, en espera de reunirse con representantes del Gobierno para exponer con más detalle sus peticiones, que ya llevan varios años reivindicando.
Caínzos afirmó que esos municipios con centros penitenciarios prestan una serie de servicios a una población no contabilizada y a unos edificios que requieren también determinadas prestaciones.
Por ello, opinó que una "asignación fija anual" permitiría solventar esa situación, especialmente en un momento en el que los municipios en general atraviesan dificultades de financiación.
El alcalde del Ayuntamiento de Monterroso, Antonio Edelmiro Gato Soengas, indicó a Efe que el municipio presentó ante un Juzgado de lo contencioso-administrativo un recurso contra una decisión del Instituto Nacional de Estadística "por negarse a que los reclusos internos sean empadronados", ya que opinó que "son vecinos a todos los efectos", por lo que espera la decisión judicial.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar, Manuel Doval, señaló a Efe que su localidad reclama una compensación anual del orden de 135.000 euros, tras hacer hincapié en los gastos relativos a ese centro, entre los que citó mantener la carretera que conduce al penal o el servicio de una línea de autobús urbano.
También subrayó que la mayor parte del personal de esos centros vive fuera del municipio y las mercancías que se consumen en el interior proceden de distintos lugares, pero no de proveedores locales de Pereiro.
Doval también apuntó que el centro penitenciario "no tiene licencia de obra" municipal "ni siquiera presentó el certificado de fin de obra", tras más de dos décadas de funcionamiento, por lo que está en situación de "alegalidad".
Los representantes municipales consultados aseguraron que están dispuestos a asumir la "carga" de tener esos centros en su territorio, y que si bien no hay mayores problemas de seguridad ciudadana, sí representan una merma de sus ingresos por la particular reclusión de esos huéspedes y las especiales características de las prisiones, de manera que piden una retribución específica.
