El exconcejal Francisco Liñares, a través de su abogado, Evaristo Nogueira, ha salido al paso de las acusaciones que el Ministerio Fiscal vierte sobre él en el mismo escrito en el que pide el archivo de la causa contra el exalcalde José López Orozco en la pieza del caso Pokemon que investiga el contrato de la grúa municipal a la empresa Cechalva. El fiscal Jesús Álvarez entiende que nadie ha podido dar fe de primera mano de los supuestos sobornos a Orozco y que su patrimonio es compatible con sus ingresos, mientras que el del funcionario municipal Javier Reguera y el de Francisco Liñares, a quienes responsabiliza de buscar el beneficio económico y conseguirlo, "aumentó considerablemente".
La defensa de Liñares señala que la denuncia por supuestas irregularidades que podrían beneficiar a políticos y funcionarios del Concello de Lugo "no aportó ningún tipo de elemento probatorio" contra el exconcejal ni el informe explica en qué consistió el aumento patrimonial que se le atribuye en su etapa municipal ni cómo se llevó a cabo. Bien al contrario, "está suficientemente acreditado en el procedimiento que los bienes patrimoniales de mayor valor que posee la persona a la cual defiendo se corresponden con ingresos legales y completamente legítimos", apunta.
El letrado matiza que la concesión del servicio de la grúa a Cechalva se realizó en una mesa de contratación en la que Liñares era uno de siete miembros y votó a favor, como el resto, en función de informes técnicos y jurídicos. La decisión fue ratificada posteriormente por la junta de gobierno, lo que supone un total de 15 personas implicadas, entre ellas funcionarios con suficiente cualificación técnica y representantes de todos los partidos políticos con representación municipal.
En cuanto a la concesión del sistema Ora a Vendex, puntualiza que el sistema fue similar pero Liñares no tomó parte porque hacía más de un año que era presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por todo ello, la defensa de Francisco Liñares señala que ambas contrataciones se hicieron de forma ajustada a la Ley de Contratos del Sector Público.
