El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la reforma planteada hace un año por Isabel Celaá y que quedó truncada en la tramitación parlamentaria por el adelanto electoral.
La LOMLOE tumbará la llamada Ley Wert, aprobada en 2013 con los únicos votos favorables del Partido Popular y que ha sido cuestionada desde entonces por buena parte de la comunidad educativa. Su derogación ha sido prometida reiteradamente por el PSOE, y forma parte del acuerdo de gobierno de coalición firmado por los socialistas y Unidas Podemos.
"Es la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener un gran impacto transformador en el sistema educativo español, que se fundamenta en la excelencia y en la equidad", ha resumido Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La premisa de la reforma, según Celaá, es que "nadie puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de todos", y que la "enseñanza personalizada es el corazón" de la norma, que tiene entre sus principales objetivos evitar la "segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza".
De ahí una de los cambios esenciales de la norma: la eliminación de los itinerarios en Secundaria que trazó la Ley Orgánica anterior a partir de los 13 años. "Donde había barreras establecemos una ancha avenida con distintos caminos que llevan a la titulación de Secundaria. Qué menos formación debe tener un español que la ESO", ha dicho Celaá marcando uno de los objetivos de su reforma: incrementar el porcentaje de titulados en Secundaria.
Junto al "esfuerzo" que se destinará a la extensión de la Educación Infantil de 0 a 3 años, se recupera la evaluación por ciclos en Primaria para evitar el aumento de "repeticiones indeseables" en esta etapa, que cifra en un 15% tras la implantación de la Ley Wert.
La reforma educativa pretende, también, devolver poder de decisión a los Consejos Escolares, fomentar la Formación Profesional, introducir el desarrollo sostenible en las aulas y transformar el actual currículo, que considera demasiado "enciclopédico y memorístico".
La asignatura de Religión será de "oferta obligatoria" y "asunción voluntaria", aunque no tendrá "asignatura espejo" como hasta ahora.
Sobre la eliminación de los conciertos a centros privados que separan al alumnado por sexo, la ministra ha indicado "categóricamente" que se concertará "preferentemente" con los centros que no segreguen.
Asimismo, Celaá ha asegurado que la norma respeta "absolutamente" la Constitución y el artículo 3 de la misma, así como las sentencias del Tribunal Supremo en relación a la enseñanza del castellano. Concretamente, ha señalado que ley establece que al final de la enseñanza obligatoria todos los alumnos tengan conocimiento y capacidad de uso de este idioma y de la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
INCLUSIÓN EN CENTROS CONCERTADOS
La ministra ha defendido que todos los centros sostenidos con fondos públicos asuman las necesidades que requieren más refuerzo del sistema. "No vamos a hacer avanzar a través de medidas proteccionistas a la educación en su conjunto, sino a través de inyecciones de calidad y toda la ley incorporar elementos de calidad potentes, robustos, para mejorar la educación en su conjunto, tanto la pública, como ese sector importante de concertada que acompaña y que se atiene a lo que significan los objetivos y consensos sociales", ha dicho.
En este sentido, ha apuntado que su proyecto de ley señala que las administraciones educativas velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación. "Esta es una ley que busca la justicia o equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde y esto no puede ser confundido con una resta de libertad. Al contrario, es libertad para todos, más allá de sus circunstancias", ha recalcado.
UN AÑO A LAS PUERTAS DEL CONGRESO
El texto aprobado este martes es idéntico al que hace un año logró el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez antes de disolver las Cortes. De este modo, la reforma evita pasar de nuevo por los órganos consultivos y llegará al fin al Congreso tras un año esperando iniciar su trámite parlamentario.
En el Congreso se debatirá en la Comisión de Educación y Formación Profesional, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto y postergar durante meses su definitiva aprobación, que requiere de mayoría absoluta, con el apoyo de 176 diputados, mientras PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno, suman 155.
En las últimas semanas, la ministra de Educación, liberada en este nuevo Ejecutivo de la Portavocía del Gobierno, ha apretado su agenda para recibir a responsables educativos de casi todas las comunidades autónomas, también a sindicatos docentes, patronales de la educación concertada o asociaciones de padres y madres, con el objetivo de detallarles el contenido de su reforma educativa, también bautizada como 'Ley Celaá'.
Tras asumir la cartera en junio de 2018, Celaá señaló como una cuestión "urgente" acabar con los aspectos más "lesivos" de la Lomce. La reforma educativa de la ministra Celaá pasó de ser una modificación puntual de la Ley Wert, como anunció durante sus primeros meses al frente de Educación, a una derogación completa que retrocede hasta la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 con una renovación de su articulado.
"DOGMÁTICA Y TRASNOCHADA"
El exministro de Educación José Ignacio Wert, impulsor de la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), considera que la reforma educativa aprobada este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una visión "dogmática y trasnochada" del sistema educativo, incorpora medidas que "bordean lo cómico" y ha sido elaborada con menos participación incluso que la Lomce que pretende derogar."Lo peor de la reforma, honestamente, es todo, porque es una contrareforma", ha resumido.
"Lamento muchísimo tener que decir que, francamente, no he encontrado prácticamente ninguna medida en la ley que vaya a incidir en la mejora del sistema educativo", añade Wert, que asumió la cartera de Educación entre 2011 y 2015 durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.
Wert asegura no oponerse "a priori" a ninguna reforma de la Lomce, la ley que promovió y fue aprobada en 2013 con la mayoría absoluta del PP. "La teoría de que las leyes educativas tienen que ser inmutables nunca la he compartido, pero tienen que cambiar acomodándose a los cambios que se producen en el entorno que tiene que regular la ley", argumenta.
"Lo que creo que es lamentable es que se haya seguido la sustitución de los argumentos basados en evidencias por un puro razonamiento ideológico, y la consecuencia es que entramos de nuevo en un sistema más opaco y menos transparente. Y España en educación no está para dar pasos atrás", afirma Wert aludiendo a la Ley Celaá.
