EL RESPETO ES LA virtud de la tolerancia. Y la tolerancia el pilar de la convivencia. Tanto el respeto como la tolerancia, y por supuesto la convivencia, apuntalan el edificio de la sociedad. La política, que regula las relaciones humanas desde el embrión ideológico de las creencias, se predica y propaga hasta materializarse en gobierno como medio natural para consolidar la democracia, la libertad y la igualdad. Y todo ello bajo el faro referente del interés general y del bien común.
Con este preámbulo pretendo explicar que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión tienen sus límites en la aplicación de la legalidad que emana de la Constitución Española, vigía de todas las leyes que rigen en el Estado de Derecho sin el que no habría ni democracia, ni igualdad, ni convivencia. Por tanto, aclamar como heroicos estadistas en el Parlament a los presos condenados por sedición y malversación por el Supremo, alto tribunal encargado de mantener la regulación legal de nuestra democracia, sobrepasa el respeto debido y la tolerancia que merecemos el resto de españoles porque se está reincidiendo en la intención unilateral de fracturar la convivencia por la disposición del desafío ilegal separatista a seguir infringiendo la Ley.
Del mismo modo, legitimar ese desafío ante la reiterada amenaza de autodeterminación expresada por los presos separatistas y sus peñas convergentes es también una ofensa democrática que enturbia la obligada separación de poderes. Cuando el comportamiento de un político, sea o no gobierno, confunde legitimidad con impunidad está borrando los límites fronterizos del judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y eso dinamita el sistema que se levanta en torno al individuo libre y su colectividad.
El caso Ábalos es otro ejemplo gráfico de la confusión que puede acarrear sentirse por encima del bien y del mal sin entender que todos somos iguales ante la Ley. Mentir pervierte la convivencia política tanto en la oposición como en el Gobierno sin caer en que precisamente el gobernante adquiere mayor obligación con el cumplimiento de la legalidad.
Si ese precepto de transparencia ha quedado claro con el separatismo golpista, bueno será que también se lo aplique la coalición gubernamental en su afán por eso que se ha bautizado infelizmente como desjudicialización del procés, pues la separación de poderes lo hace inviable. Cuando el matiz que va de la inmunidad a la impunidad se convierte en costumbre asistimos a esa extraña sucesión de versiones de un ministro del Gobierno de España metido a telonero de la vicepresidenta de una dictadura que tiene prohibido pisar suelo español tras las sanciones de la UE contra el régimen chavista por vulnerar los derechos humanos.
Dicen que la mayor virtud del gobernante ha de ser la templanza. Pero no puede haber templanza si no hay respeto a la ley, los valores y la verdad. Poco a poco vamos conociendo detalles impensables sobre el grado de implicación de este Gobierno de coalición en la supervivencia a costa de desjudicializar por interés político la situación de los separatistas condenados. Además de memoria histórica conviene tener la memoria fresca. Primero se ordenó a la Abogacía del Estado en el juicio del procés rebajar el delito de rebelión a sedición acortando las condenas. Como la Fiscalía del Estado no se plegó a eso, su titular es cesada para nombrar a la que fue Ministra de Justicia.
Más tarde se pretende reformar el Código Penal para reducir las penas por sedición, lo que según la oposición es una amnistía encubierta. Y tras plegarse al chantaje rufianesco, se promueve una mesa de diálogo de Estado a Estado entre Gobiernos central y autonómico, un referéndum sobre lo tratado en esas negociaciones sin taquígrafos, no tipificar como delito la consulta ilegal tras promesa en campaña y legitimar a un presidente de la Generalitat inhabilitado por la JEC y el Supremo con el reconocimiento implícito del estatus retirado mediante reunión en Barcelona después de que Torra anunciara adelanto electoral. Puesto que la verdad tiene matices, la mentira también debe tener sus límites morales, éticos y legales.
Los principios son en política la prolongación del juramento o promesa con la mano en la Constitución. Lo que políticamente tiene derechos legítimos de expresión y pensamiento tropieza con la raya roja de la Ley. Por mucho que se quiera reducir a simple conflicto político, desjudicializar el procés tiene sus límites en la independencia judicial. Igual que los tiene pasear a miss Delcy por el aeropuerto de Madrid suspendida en la espuria nebulosa de hasta 6 versiones gubernamentales contradictorias sin que la dirigente chavista toque suelo español en insólita levitación.
El complejo embrollo de Ábalos y Delcy recuerda en su ejecución y ramificación chapuceras a la visita de los geos encapuchados a la embajada de México en Bolivia. Y todo eso, según algunos medios, puede tener su máximo común denominador en la investigación de la financiación de Podemos, el asesoramiento de Zapatero a Maduro y la imputación del embajador de ZP en Venezuela, Raúl Morodo.