El gobierno local dio marcha atrás en su pretensión de penar con 300 euros al mes la ocupación de vía pública para obras cuando se exceda del plazo establecido y también cuando el Concello actúe subsidiariamente por riesgo para los viandantes, según informó ayer el PP.
La edil Isabel Devesa explicó que su grupo logró que los propietarios que ocupen la vía pública más tiempo del concedido tengan solo un recargo del 100% en las cuantías previstas en la ordenanza correspondiente y que no se aplique cuando los vecinos muestren predisposición a cumplir la orden de ejecución.
