La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo investigó la muerte de un interno de Bonxe durante un permiso penitenciario y llegó a la conclusión de que el hombre falleció porque el jefe de los servicios médicos del centro «se negó» a prestarle asistencia sanitaria.
Pilar de Lara recoge en un auto que existen «indicios racionales» para concluir que el facultativo, A.C.R., cometió los delitos de omisión del deber de prestar socorro, homicidio por imprudencia grave y falsedad en documento público.
Este doctor falleció el pasado mes de agosto, por lo que la responsabilidad criminal en este caso queda extinguida. Sin embargo, la magistrada explica que la familia puede emprender acciones civiles para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el fallecimiento del preso.
