La Fiscalía de A Coruña ha acusado a Orange de "prácticas abusivas" en la facturación a clientes que se dan de baja y solicita al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que prohíba a la operadora que emita facturas por consumos mensuales cuando el servicio prestado ya haya finalizado antes.
El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña ha acogido este lunes la vista de medidas cautelares en relación a la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora.
Según consta en la demanda, la empresa de telefonía "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado (generalmente mensual) a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo".
A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores para que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".
INVESTIGACIÓN. Tras realizar una investigación a raíz las quejas recibidas por representantes de asociaciones y organismos encargados de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, la Fiscalía decide presentar una demanda por prácticas abusivas.
Los hechos afectan a consumidores coruñeses pero la Fiscalía entiende que el número de casos puede ser mayor
Y es que, de la investigación llevada a cabo se concluye, además, que la operadora de telefonía admitió en múltiples ocasiones que la factura se había emitido incorrectamente y la anuló como consecuencia de numerosas reclamaciones tramitadas a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de A Coruña.
Igualmente, según fuentes judiciales, se comprobó que el Instituto Galego de Consumo había tramitado múltiples reclamaciones contra la demandada por facturar el periodo completo con independencia del momento en que se dejaba de prestar el servicio.
Los hechos afectan a consumidores de A Coruña, pero el Ministerio Fiscal entiende que el número de casos es superior puesto que se trata de una operadora implantada en todo el territorio nacional, en el que cuenta con más de 19 millones de clientes, según ha expuesto el fiscal.
Ante esto, el fiscal solicita la imposición de medidas cautelares para "cesar" este método de facturación realizado por la operadora mientras dure el procedimiento judicial. Este lunes se ha celebrado la vista de medidas cautelares, mientras que el juicio del procedimiento principal tendrá lugar en septiembre.
"NO COBRAMOS DE MÁS". En la vista de medidas cautelares, el letrado de Orange ha sostenido que el método de facturación (sistema prorrateado) que pretende que se aplique la Fiscalía "no es justo" puesto que "pretende que los precios deben ser imputados a cada servicio y que su consumo sea lineal", algo que resulta "inasumible" para la operadora telefónica, según comenta su abogado.
"No existe un sistema legalmente aprobado para la facturación en estos servicios", ha alegado el abogado de la parte demandada, que defiende el sistema utilizado por la operadora, que "no cobra de más" a sus clientes.
Asimismo, el letrado de la operadora sostiene que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía supondrán un "descrédito comercial incalculable" y "una condena anticipada" para la compañía, que se vería obligada a cambiar "de un día para otro" el sistema y "publicar la resolución judicial en un periódico de tirada nacional".
