El Parlamento Europeo exige a sus estados miembros una orden judicial para cortar el acceso a Internet de los usuarios. Así lo ha declarado la mayoría de Eurocámara al respaldar una enmienda para el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones, con lo que se modificaba el texto base presentado a debate.
Con este voto se echa atrás una parte del paquete de medidas legislativas para las telecomunicaciones ya que en el texto se excluía la necesidad de una sentencia judicial. Con esta decisión, leyes como las que quiere llevar adelante el presidente Sarkozy, en las que se pretende crear un organismo 'ad hoc' para tratar estes casos, se encuentran si nungún tipo de apoyo desde las instituciones europeas.
De esta forma, uno de los puntos más controvertidos y criticados por los ciudadanos fue paralizado. Sin embargo, otras cuestiones por las que varios organismos cívicos llevan protestando desde que se dieron a conocer estas medidas.
En concreto se trata de la mayor capacidad legal de los proveedores de banda ancha para limitar el número de páginas webs y servicios con los que podrá contar el usuario, ya que la oferta se realizará mediantes 'paquetes', como ocurre en las ofertas de televisión.
Así, varias asociaciones europeas ven que, con la excusa de controlar la piratería y las descargas de archivos P2P, realmente se está atacando la libertad del ciudadano a la hora de acceder a los contenidos de Internet que desee.
407 votos a favor de la enmienda
A causa de un cambio a última hora en el orden de la votación solicitado por los Verdes y los liberales, los eurodiputados aprobaron por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones la enmienda 9 del informe sobre las redes y servicios de las comunicaciones electrónicas.
El grupo socialista respaldó prácticamente en bloque la enmienda, mientras que los populares estuvieron bastante divididos con una mayoría que se abstuvo en el voto individual.
Así, la Eurocámara apoyó no imponer "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
