Blog | Zona Franca

La deuda gallega de Ence

Prorrogada la concesión, solo queda la vía legal o arrancar más compromisos de inversión

HACERSE acreedora del apoyo a su actividad y permanencia. Muy alto ha puesto Ence el listón de sus objetivos, explicitados el mismo día que anunciaba la prórroga de la concesión para permanecer en Lourizán hasta 2073, sesenta años a contar desde 2013, cuando la solicitó. Si tenemos en cuenta que el dragado de la ría para poner en marcha la fábrica comenzó en 1959, y si nada se tuerce, la compañía pastera habrá permanecido a orillas de la desembocadura del Lérez unos 115 años. Tiempo más que suficiente para saldar deudas, para poner a cero ese saldo acreedor del que habla que garantice el apoyo a su permanencia. Necesita ahora el aval de la sociedad, complicado, porque el administrativo ya lo tiene. Saldos acreedores, deudas, avales... La pórroga de la concesión, que vuelve a dividir a la sociedad gallega, tiene un precio. Para Ence, el compromiso pasa por invertir 61 millones de euros en mejoras medioambientales ampliables a otros 71 millones y la Xunta se pone a trabajar y modifica la normativa sobre instalación de plantas de biomasa, ya que actualmente no serían viables instalaciones de este tipo en Galicia superiores a los diez megavatios de potencis, cuando el grupo de Juan Luis Arregui planea en Pontevedra la ubicación de una planta de cuarenta megavatios.

Esas inversiones también se pueden traducir en empleos, por ejemplo, que la compañía no cuantifica. Son precisamente los puestos de trabajo y su relevancia en el sector forestal gallego los argumentos que ha utilizado el presidente de la Xunta para justificar la prórroga en un emplazamiento que no le gusta, pero cuya alternativa era el paro para los trabajadores de la fábrica. Es verdad que trasladar Ence, como defendió durante años el propio PP, era poco menos que inviable. Consistiría, en todo caso, en cerrar una planta y levantar otra.

Lo sabía muy bien el gobierno bipartito de Pérez Touriño cuando intentó primar ese traslado con una adjudicación masiva de megavatios en el primer concurso eólico, en la que participó Ence con insignes empresarios gallegos: Jacinto Rey, Manuel Jove y Epifanio Campo apuntaron entonces a As Pontes. Aquí también había un precio, pues: la promesa de unos 300 megavatios. Y, para abordar un traslado, una vez cerrada a finales de 2014 la planta de Huelva, todas las miradas apuntaban a Navia, donde está otra de sus fábicas, que consume toneladas y toneladas de eucalipto gallego procedente del norte de A Coruña y Lugo. Por tanto, parece claro que con incrementar la capacidad de la planta asturiana se resolvía el problema de Pontevedra, una vez cerrada al fin de la concesión, en 2018.

Si volvemos al empleo, uno de los compromisos que puede "vender" ahora Ence, coviene matizar: la fábrica da trabajo a 330 personas de forma directa, y 2.400 indirectos, aunque su efecto es multiplicador, vía compras de madera o en el Puerto de Marín, al tratarse de uno de los grandes actores del sector forestal gallego junto a la compostelana Finsa. En términos de generación de riqueza, el grupo asegura, apelando a estudios independientes, que aporta el 0,82% del PIB de Galicia y el 28,1% de la ciudad de Pontevedra. Esos son sus números. Pero, sin duda, el guarismo que más polémica ha generado es el 2073, año de una pórrroga concedida por un Gobierno en funciones, que nada ayuda a generar certidumbre. Más si cabe cuando algunos grupos llevaron en su programa electoral la derogación de la nueva Ley de Costas impulsada por Arias Cañete, que representó realmente la espita por la que Ence y otras 1.300 industrias repartidas por la costa española lograban tiempo y aire, ya que estaban llamadas a desaparecer. Desde ese momento, con la ley aprobada a principos de 2013, todo ha sido mucho más sencillo para Ence, pero no solo un trámite. Intentar reducir a mera decisión administrativa
la prórroga tampoco ayuda nada. 

El hecho de que Ence esperase la fumata blanca para antes de las generales dice mucho de la importancia de los tiempos. Y, ahora, la ministra del ramo en funciones, Isabel García Tejerina, se arranca para justificarse degragando a funcionaria rasa nada menos que a una directora general, la que firmó la orden. Parece olvidar que se trata de un puesto de libre designación, que tiene mucho más que ver con las decisiones políticas que con la burocracia administrativa. Si finalmente hay cambio de Gobierno, se antoja difícil que esa directora general, como muchos otros, siga en su puesto. Ence se queda. Y, si la vía judicial no lo impide, será por mucho tiempo. Haría bien Galicia en lograr que finalmente salde esa deuda que ahora parece contraer.

Un plan estratégico que viaja en el tiempo

HABEMUS Plan Estratéxico 2015-2020. Al menos, conocemos ya sus líneas maestras y sus objetivos, a falta de un debate en el Parlamento que debería servir para sumar, y no restar. La meta se sitúa a cinco años vista. El plan presentado esta semana nos traslada en el tiempo, hasta 2020, a través de unos retos macroeconómicos que dibujan el futuro a medio plazo para la economía gallega. Pero esa estación de destino se podría situar también años atrás. Unos cuantos. Los que preceden a la crisis. Porque algunos de los objetivos planteados, analizados con las mismas herramientas que emplea el Instituto Galego de Estatística, simplemente "borran" los años de recesión. El caso del desempleo es el más sorprendente. 

El plan tiene como objetivo reducir la tasa de paro al 10% en 2020, cuando Galicia había cerrado el 2007 con un desempleo del 7,4%. Hay otros elementos que, sin ser tan acusados, apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, la Consellería de Facenda se plantea que Galicia gane ocho puntos en su convergencia con la Unión Europea, hasta alcanzar en 2020 el 88% de su PIB per cápita.

En 2010 estaba situado en casi el 86,5%, y desde entonces ha caído de forma alarmante. Por tanto, también nos iríamos a años precrisis. Por otro lado, un crecimiento del PIB en tasa anual del 2,5% es asumible. Ese viaje que nos propone el plan estratéxico es una invitación a recuperar el tiempo perdido por los años de crisis. La aritmética de ese plan nos habla de una década para olvidar. Nada menos. Ahora, solo queda conocer el detalle, y que el debate parlamentario sirva para enriquecerlo, porque es una herramienta de todos. Difícil.

Comentarios