La Audiencia Provincial de Lugo ha ordenado al Juzgado de Instrucción Número 2 que impute a un mínimo de ocho personas dentro de la conocida como 'Operación Bebé', unas diligencias abiertas hace ya cuatro años para investigar una docena de supuestas adopciones irregulares de niños en esta provincia.
El abogado que representa a una de las posibles víctimas, Gerardo Pardo de Vera, explicó a EFE que la Audiencia Provincial da así respuesta "a los recursos presentados por las acusaciones personadas" e insta al Juzgado de Instrucción a que "tome declaración en calidad de imputados a personas que, en principio, había citado como testigos".
"A priori, esas personas aparecen claramente implicadas en los hechos investigados", precisó el letrado, por lo que "era un sinsentido desde el punto de vista procesal" que esas personas prestasen declaración como testigos.
Por otra parte, recordó que la Audiencia Provincial "obliga al Juzgado de Instrucción a dar copia de todas las actuaciones", aunque preservando los datos que afecten a la protección de menores y a la intimidad de padres adoptivos, para que las acusaciones "tengan acceso a toda la instrucción", dado que "no hay ningún secreto sumarial decretado" desde octubre de 2012.
En cuanto a las personas que el Juzgado de Instrucción llamará a declarar como imputados, el letrado precisó que "estamos hablando de funcionarios del servicio de Menores", que "están relacionados con los hechos" porque realizan "informes sobre las madres biológicas", pero también "de algún funcionario de hospitales en los que se producen los nacimientos", y de "una persona del Hogar Madre Encarnación".
Con respecto al número de casos que se están investigando, precisó que, "en realidad, no se sabe cuántas madres han resultado afectadas por estas actuaciones aparentemente irregulares".
No obstante, precisó que hay una docena de casos citados en la causa y "a algunas madres les afecta, no por uno, sino por varios hijos".
"Pueden aparecer más o puede que incluso se reduzca el número de casos a investigar", aclaró.
Esta investigación comenzó hace cuatro años, derivada de la denominada Operación Carioca, la causa que lleva el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, sobre una supuesta trama de prostitución, en la que se han visto implicados varios agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Después de que varias prostitutas declarasen que las habían obligado a renunciar a sus bebés y a darlos en adopción bajo presión, se hizo cargo de la causa el Juzgado de Instrucción Número 3, del que es titular Estela San José, quien ordenó registros en el servicio de Menores de la Xunta de Galicia en Lugo y en el Hogar Madre Encarnación.
Posteriormente, la jueza San José, se inhibió en la causa y el caso acabó recayendo en el Juzgado de Instrucción Número 2, que dirige Sandra Piñeiro.
