LUGO. El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo celebró el jueves un juicio contra un hombre, J.R.A.S., acusado de falsificar un auto judicial cuando se encontraba interno en la cárcel de Monterroso para poder tener una Playstation en la celda.
El fiscal explicaba en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado, en el año 2015, solicitó al centro penitenciario que autorizase la entrada de una videoconsola para su uso personal. El aparato figuraba como objeto prohibido por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero, según explicó ayer el director del penal, "en aquel momento se podía autorizar la entrada por orden judicial y había jueces que daban permiso. Actualmente, tras una sentencia del Tribunal Supremo, ya no está permitida la entrada de videoconsolas en ningún centro".
Como el centro no le dio el visto bueno a su petición, el interno presentó un auto, supuestamente dictado por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Pontevedra, en el que supuestamente se resolvía la queja del preso a su favor y se autorizaba la tenencia de la Playstation.
El ministerio público solicitaba una condena de 16 meses de prisión y 1.350 euros de multa, pero tras la testifical rectificó
Sin embargo, los funcionarios desconfiaron del documento, ya que "presentaba cierta incongruencia en las referencias y fechas del mismo, así como enmendaduras y diferente tipología en varias partes del documento". Ante estas evidencias, el director del centro se puso en contacto con el juzgado, desde donde le confirmaron que no existía tal auto judicial autorizando la entrada de la videoconsola en el penal.
El interno fue acusado de un delito de falsedad en documento oficial, pero ayer negó los hechos ante la jueza del Penal 1. El hombre dijo que nunca manipuló ningún documento y culpó a los funcionarios."Eran ellos los que tenían ese papel, no yo. Y a mí en esa cárcel ya me habían hecho muchas trampas", dijo.
Tras escuchar los diferentes testimonios, la fiscal retiró la acusación contra el acusado, pero no porque creyera su versión, sino porque el director del centro confirmó que el papel que había presentado era una fotocopia, no un original manipulado, y explicó que no entra dentro de la tipología de delito. Así, la jueza dictó sentencia absolutoria.
