Un juzgado de Lugo localiza decenas de escritos sin tramitar desde 2015 sobre una mesa

LUGO. El juzgado de Instrucción 1, que dirige Pilar de Lara, acaba de localizar sobre la mesa de un funcionario decenas de escritos, informes y oficios policiales sobre una investigación sobre drogas que se inició en 2014. Muchos de esos documentos sin tramitar ni comunicar a las partes llevan fecha de 2015. Esta anomalía procesal pone por sí misma en riesgo toda la instrucción y abre la puerta a la presentación de cuestiones de nulidad que pueden dar al traste con todo el trabajo realizado durante los últimos cuatro años.

La investigación se sigue por un caso de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, es decir, cocaína y heroína. Las actuaciones comenzaron en 2014, aunque buena parte de este tiempo el caso ha permanecido bajo secreto sumarial. Se iniciaron después de localizar en un punto de venta distintas cantidades de droga dispuestas para su distribución al menudeo.

A partir de ahí, la Policía Nacional comenzó a investigar, a realizar seguimientos, vigilancias y escuchas, que dieron como resultado la detención de decenas de personas y el ingreso provisional de muchas de ellas en prisión. Con el transcurso de las pesquisas, la causa ha llegado a acumular 71 personas imputadas y 19 tomos de documentación, lo que suma más de 12.000 folios. Durante la mayor parte de este tiempo las actuaciones han permanecido bajo secreto.

Ahora, el juzgado ha informado de la apertura del tomo 20, que estará formado, según ha comunicado a las partes la letrada de la administración de Justicia (LAJ) de Instrucción 1, por los «escritos pendientes de tramitar, los cuales fueron encontrados sobre la mesa del funcionario encargado de su tramitación, sin unir, proveer ni tramitar».

En su diligencia de ordenación, la LAJ recoge también una relación de esos documentos: son un total de 77, entre los presentados por los abogados personados en la causa, los forenses y los propios policías que investigaban en caso. Estos oficios de la Policía Nacional no tramitados pueden tener una especial relevancia, ya que en ellos se solicita la práctica de pruebas, la intervención de teléfonos o se da cuenta de la destrucción de parte de la droga decomisada sin que, en principio, dichas prácticas de pruebas hayan sido autorizadas judicialmente o sin que las partes personadas hayan podido solicitar los contraanálisis de las sustancias intervenidas.

Los escritos «fueron encontrados sobre la mesa del funcionario encargado, sin unir proveer ni tramitar», dice el juzgado

También hay informes policiales y de forenses, así como documentación médica e incluso escritos solicitando o informando del ingreso de algunos de los acusados en programas de desintoxicación de drogas. En este tiempo, de hecho, algunos de los investigados hasta han completado dichos programas, sin que sus escritos hayan sido todavía atendidos.

NULIDAD. Se trata, en cualquier caso, de un anomalía procesal de tal calibre que todas las fuentes relacionadas con el caso consultadas por este diario consideran que puede suponer la puntilla definitiva a la investigación y que todo el trabajo desarrollado no sirva para nada. Dichas fuentes ven motivos más que suficientes para la presentación de una cuestión de nulidad total en el supuesto de que la Fiscalía quiera llegar a juicio con lo que tiene, pero aún en el supuesto de que esta no fuera admitida el carrusel de nulidades parciales causaría el mismo efecto, ya que está afectado directamente el derecho a la defensa de buena parte de los encausados. Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno que corresponda sería prácticamente imposible.

Este asunto viene a sumarse a las protestas reiteradas por las anomalías procesales que se han detectado en la instrucción de los macrosumarios que instruye este juzgado, como la operación Carioca, la Pokemon, la Pulpo o la Cóndor. Un aspecto sobre el que también han llamado la atención las Audiencias Provincial y Nacional, y que dio lugar a una inspección extraordinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial.