El juzgado de Sarria decretó el embargo de la Casa dos Ulloa (también conocida como Casa das Arsenias) hasta que el Ayuntamiento cumpla una sentencia por la que se le condenó a abonar al propietario de una nave de la Rúa Formigueiros las rentas de alquiler adeudadas entre agosto de 2016 y julio de 2018.
El dueño de la nave solicitó en noviembre del pasado año la ejecución provisional del fallo judicial y cifró la cuantía a abonar en 38.140 euros, en la que se incluyen las rentas, intereses y costas. Al no serle pagada, pidió en enero el embargo de los bienes hasta cubrir la cantidad reclamada, tras lo que el Concello envió una relación de propiedades al tribunal.
Este acaba de decretar el embargo de la Casa dos Ulloa, ubicada en la Rúa Maior, y no incautó otros bienes municipales por ser previsible que el valor de este inmueble sea suficiente para cubrir el importe solicitado.
Una vez que el Ayuntamiento abone dicha cuantía se podrá levantar el embargo de la casa, aunque si no lo hiciera el bien podría llegar a ser subastado. En el último pleno, el pasado 28 de febrero, el Concello ya aprobó una modificación de crédito en la que se incluyó el importe reclamado por el dueño de la nave para depositarlo en el juzgado, pero todavía no se hizo efectivo.
El dueño de la nave solicitó la ejecución provisional de la sentencia, y al no abonarle el Concello la cuantía pidió el embargo
El ente local alquiló dicho almacén, junto a los terrenos anexos, en junio de 2014, aunque en agosto de 2015 le comunicó al propietario su intención de desistir del contrato tres meses más tarde. Sin embargo, el organismo continuó utilizando las instalaciones, por lo que se entiende que se prorrogó el alquiler por un año más por tácita reconducción.
Ya en agosto de 2016 el Concello dejó de abonarle las rentas y el asunto terminó en el juzgado porque los terrenos siguieron ocupados por esta administración con un coche del club ciclista y unas rampas de madera empleadas en el descenso urbano de la villa.
El juzgado sarriano consideró en una sentencia que data de julio de 2018 que, al no desocupar las instalaciones, el contrato había sido prorrogado de nuevo. Por ello condenó al Ayuntamiento a abonar las rentas pendientes entre agosto de 2016 y julio de 2018. Este fallo judicial fue recurrido por el Concello.
