El Ministerio de Justicia ha anunciado la creación de 80 nuevas plazas de fiscales, nueve de ellos para aliviar la sobrecarga de trabajo en Anticorrupción y uno que será el primer fiscal de sala coordinador para la protección de las personas mayores y con discapacidad.
Unas plazas que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy mediante un real decreto que, según ha explicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado en rueda de prensa, pretende ampliar después de cuatro años la plantilla del ministerio fiscal para reforzar la lucha contra la corrupción o dar respuesta a la criminalidad en el Campo de Gibraltar.
Junto a este real decreto, Delgado ha presentado otro por el que se crean 75 unidades judiciales. Ambas iniciativas forman parte, en la palabras de la ministra, del "plan de acción y de choque" del Gobierno para atender las necesidades de la justicia española y contribuir a una mayor eficacia.
Tras reiterar que el ministerio ha colaborado con el Consejo General del Poder Judicial y ha escuchado la opinión de las asociaciones de jueces y fiscales, Delgado ha explicado que de las 80 nuevas plazas de fiscales, nueve irán a parar directamente a la Fiscalía Anticorrupción.
El segundo real decreto contempla la creación de 75 unidades judiciales, de los que 53 son unidades judiciales unipersonales y 22 son nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados
"Eran absolutamente necesarias por el volumen de trabajo", ha defendido la titular de Justicia, que ha lamentado que esta sobrecarga en las causas que investigan delitos de corrupción dio lugar a comisiones de servicio.
Además de los nueve fiscales anticorrupción y también para reforzar la lucha contra este tipo de delitos, se destinará un nuevo fiscal a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
El resto de plazas irán a parar a aquellas fiscalías que en los últimos tres años hayan precisado medidas de refuerzo, como las del Campo de Gibraltar, con el objetivo de ofrecer una respuesta "judicial, proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad creciente" en esta zona.
El segundo real decreto contempla la creación de 75 unidades judiciales, de los que 53 son unidades judiciales unipersonales y 22 son nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados.
Respecto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción, 6 de lo penal, 11 juzgados de lo social, 4 juzgados de lo mercantil y 1 juzgado decano exclusivo.
Además, se procede a la constitución de dos juzgados en la Comunidad Valenciana que habían sido suspendidos en 2011. En este territorio se crea también la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia penal.
