Las obras de rehabilitación de la fábrica de la luz y aumento del caudal del río en la zona, de 7.000 a 18.000 litros por segundo, están cambiando el paisaje en As Saamasas y escandalizando por igual a vecinos y oposición municipal. A las llamadas a la Policía Autonómica reclamando que se asegurase la legalidad de los trabajos y las reiteradas denuncias en las redes sociales, se sumó el lunes una reclamación del BNG para detener el "atentado ecolóxico" en el Miño.
La concesión de la explotación a la empresa Inca, extremadamente polémica desde su misma concepción, fue investigada por la jueza Pilar de Lara en el marco de la operación Pokemon, quien sospecha no solo que podría no resultar beneficiosa para el Concello sino que quizás acabara costándole dinero, algo especialmente importante si se tiene en cuenta que la firma podrá usar esa central durante 38 años.
El proceso que ahora se materializa en esos trabajos empezó en realidad hace diez años, cuando existía un proyecto, defendido por la edil Eva Real, para que el Ayuntamiento adjudicara la explotación de la central de la fábrica de la luz y que fue desestimado porque los entonces concejales de Economía y de Infraestructuras, Francisco Fernández Liñares y José Piñeiro, unieron sus votos a los de PP y BNG para tumbarlo. Alegaron que las obras, que en ese proyecto primigenio debía asumir el Concello, acabaran saliendo muy caras y que el aumento de caudal tuviera perniciosos efectos ecológicos. Ese incremento es idéntico al que se permitió después a Inca, adjudicataria de la nueva explotación de la central desde 2008.
La forma en la que Inca se hizo con esa adjudicación fue analizada paso a paso por De Lara, que concluye que "el proyecto se fue modificando hasta conseguir dar una mayor valoración" a esa firma, con la que Miguel García Gesto, presunto testaferro de Liñares, tenía un contrato privado para repartirse los beneficios al 50%.
El Concello, según recopila De Lara, elaboró en el plazo de 9 días dos informes de valoración diferentes, modificando la puntuación que se daba a cada apartado. Se tuvo en cuenta el segundo, que permitió dar a Inca la puntuación máxima en distintos aspectos, ante los que la magistrada discrepa abiertamente.
Por ejemplo, se considera que es Inca quien presenta la mejor oferta económica porque ofrece un canon anual fijo de 5.468,96 euros, mientras que el resto de empresas ofrecen o uno menor o uno que es un porcentaje de sus beneficios. Sin embargo, De Lara recuerda que, en realidad, la firma con la que colaboraba García Gesto tenía intención de pagar ese canon en forma de mantenimiento y limpieza de la instalación (2.000 euros) y de suministro de luz a 8 farolas de la zona (calculando con el entonces precio del kilowatio 12 horas de luz diarias le salen por 3.468 euros anuales). Pero se aceptó eso sin prever posibles subidas de la luz, que resultarían en una cuota negativa para el Ayuntamiento (cuando la jueza emite su informe el precio ya ha subido por lo que entre iluminar la zona y mantenerla limpia la empresa gastaría unos 6.590 euros, con lo que el Concello debería pagarle a Inca 1.000 euros anuales).
También se apreció especialmente que Inca propusiera conservar las dos turbinas hasta que se rehabilitasen (conservarlas, no arreglarlas), aunque eso implicaba que así podría sustituir ambas por otras dos de mayor potencia, algo que el anteproyecto prohibía expresamente por petición de la corporación. Cuando se licitó la obra esa prohibición desapareció.
Aunque el servicio de Electromecánica municipal pidió que se dejara desierta la contratación y el pleno aprobó (con los votos de PP y BNG) su paralización, Inca logró el contrato, hecho a su medida.
Con el tiempo García Gesto perdió interés en el proyecto, según se deduce de las conversaciones telefónicas con Liñares grabadas a petición del juzgado, porque se suspendieron las subvenciones a minicentrales eléctricas con lo que ya no le resultaba tan ventajoso.
Se autorizó a instalar dos turbinas nuevas de mayor potencia, aunque un anteproyecto lo prohibía expresamente
