El juzgado Contencioso-Administrativo 1 celebró este miércoles la vista por la reclamación interpuesta por Inca, la empresa adjudicataria de la fábrica de la luz, contra el Concello, al que exige 2,8 millones de euros de indemnización por los daños derivados de la paralización de las obras. En el desglose de gastos que reclama incluye partidas tan sorprendentes como 50.000 euros de gastos judiciales por la denuncia que interpuso contra el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), o 280.000 por el perjuicio directo de la ralentización de la obra.
Hay que recordar que los trabajos de la fábrica de la luz se paralizaron cuando la CHMS expedientó a Inca por haber construido la ataguía un par de centenares de metros más arriba de donde estaba prevista. La empresa comenzó entonces una batalla judicial contra la paralización: el recurso contra dicho expediente está pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional; también denunció al presidente de la CHMS por prevaricación, denuncia que fue archivada; y, además, demandó al Concello para pedir la rescisión del contrato y una indemnización de 2,8 millones.
Es esta última vista la que se celebró el miércoles, y en la que los peritos presentados por Inca desglosaron las cantidades. Estás incluyen, entre otras partidas, los 50.000 euros que se pagaron a un despacho de abogados de Madrid por interponer la denuncia por prevaricación que se archivó, que fue una decisión unilateral; 280.000 euros los consigna solo por gastos derivados de la ralentización de las obras, como vigilancia de las mismas o los intereses bancarios; por la retirada de la ataguía que no estaba autorizada, la empresa reclama otros 111.000 euros, y añade otras partidas como gastos jurídicos que cifra en 160.000 euros, hasta sumar los casi tres millones indicados.
La partida principal de esos gastos de ejecución, según Inca, está en los 500.000 euros que supuestamente ha pagado para comprar las turbinas necesarias para generar la electricidad, unas turbinas que, sin embargo, nadie ha visto ni nadie en el Concello sabe dónde ni tiene otra noticia de ellas. Unas turbinas que, en el caso de que la Justicia acabara dando la razón a la empresa, está tendría que poner a disposición municipal.
Obra por explotación
Hay que tener en cuenta que la adjudicación de la fábrica de la luz a Inca por parte del Concello no incluía ningún pago por parte de este, ya que las obras las realizaría la empresa a cambio de los beneficios de la explotación de la electricidad generada por la fábrica una vez en funcionamiento.
180.000 euros
Es el importe de la multa que la CHMS puso al Concello como promotor de las obras por la ataguía que hizo Inca.
Defensa. El Ayuntamiento alega que la responsabilidad es de la empresa o de la CHMS
El jefe de los servicios jurídicos municipales, Manuel Louzao, fue el encargado de representar los intereses del Concello en la vista celebrada este miércoles. En la misma, desarrolló los argumentos que el gobierno municipal ha defendido siempre: que en este caso es una víctima que no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido y que esta sería o bien de Inca por haber construido la ataguía 150 metros más arriba de lo autorizado, o bien de la CHMS por haber paralizado la obra sin motivo.
En cualquier caso, alegó, es algo que solo se sabrá cuando se conozca la sentencia de la Audiencia Nacional respecto al expediente de la CHMS contra Inca, como ejecutora. Si la sentencia apoya a la CHMS, la responsabilidad sería de la empresa por incumplir su proyecto; si el fallo anula el expediente, la culpa sería de la Confederación por paralizar la obra sin razón.
En este sentido, explicó que Inca tenía adjudicada tanto la explotación de la fábrica como la redacción, realización y dirección facultativa de las obras. Para ello, se apoyó en el juicio en el testimonio del ingeniero municipal que fue el responsable de supervisar el contrato de adjudicación.
Manuel Louzao también rechazó la petición de Inca de dar por resuelto el contrato, porque su idea es que se mantenga la adjudicación si la AN falla contra el expediente de la CHMS. En caso contrario, el Concello estudiaría pedir daños y perjuicios a Inca, por los 180.000 euros de la multa de la CHMS.
