El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene claro que la ley del tabaco debe ser más restrictiva y su departamento trabaja ya en varias medidas entre las que se encuentra la revisión de la fiscalidad de esta droga legal, que supone una de las principales causas de mortalidad en España. El ministro avanzó que estudia promover una norma para frenar el consumo del alcohol en menores, ampliar la universalidad del sistema sanitario, eliminar de forma progresiva el copago farmacéutico y sacar adelante la ley de eutanasia antes del verano.
Hace apenas un mes que tomó posesión de su cargo y ya se ha tenido que enfrentar a su primera crisis sanitaria, el coronavirus, del que hablará en la Comisión de Sanidad del Congreso el día 27. En ella expondrá las líneas generales para esta legislatura, en la que prevé una revisión más restrictiva de la ley del tabaco. "No queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo", subrayó el ministro, que explicó que hay dos líneas de trabajo que comprenden las nuevas formas de fumar, como el vapeo, y "una reflexión" sobre los espacios libres de humo para aumentar la protección de los no fumadores.
Las nuevas formas de consumo de tabaco, como el vapeo, exigen regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son inocuas
FISCALIDAD. Ambas se guían bajo "un criterio de restricción", indicó Illa, que dijo que Sanidad trabaja en un paquete de medidas para luchar contra el tabaquismo, como revisar la fiscalidad del tabaco. Preguntado por la posibilidad de que la legislación contemple prohibir fumar en los coches en los que viajen menores, el ministro dijo que hay varias medidas pero prefiere "pensarlas bien".
A su juicio, las nuevas formas de consumo de tabaco exigen regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son inocuas. También mostró su preocupación por el consumo de alcohol en menores: "Es muy probable una ley de alcohol pero tampoco quiero anticipar nada".
Confía en que otra ley, en este caso la de eutanasia, sea una realidad en junio, una norma que se ha empezado a tramitar en el Congreso, "responde a una demanda social muy amplia y transversal" y sitúa a España a la cabeza en reconocimiento de derechos.
