Opinión

Gobierno en funciones

SI CON solo 84 diputados, la mayoría de la Mesa del Congreso en contra, una mayoría absoluta de su primer adversario (PP) en el Senado y los nacionalistas catalanes como nada recomendables compañeros de viaje, Sánchez ha tenido que gobernar con las manos atadas, podemos hacernos una idea de cómo puede gobernar en las semanas basura que quedan hasta el 28 de abril, con la Legislatura disuelta y la voluntad soberana depositada en la llamada Diputación Permanente (especie de Congreso de guardia por disolución de Legislatura).

Aún así, el Consejo de Ministros del viernes se mantuvo fiel al anuncio de Moncloa sobre su vocación de seguir gobernando a golpe de decreto. Una forma de comprobar a destiempo si sigue viva la alineación de fuerzas políticas contra Rajoy, que es la que tendría que convalidar esas iniciativas. La que misma alineación que apoyó a Sánchez en su salto a Moncloa. La misma que lo dejó al pie de los caballos al tumbar los PGE, con resultado conocido: elecciones generales el 28 de abril.

A Sánchez le tumbaron los Presupuestos pero, aunque sea por poco tiempo, aun dispone del BOE como resorte electoral. A saber: alquileres, brexit, permiso de paternidad, oferta de empleo público, etc. Siempre inspirado en el Estado del Bienestar como amortiguador de las desigualdades. Gestos para el tiempo de descuento. Unidos a las medidas que se abrieron paso en estos últimos meses (universalización de la sanidad, salario mínimo, pensiones, empleo juvenil, sirven para que pueda reconocerse en ellas un Gobierno socialista). 

Así los malogrados PGE para 2019 eran un verdadero programa de intenciones que se mantienen vivas ya en modo electoralista. Y ahí encaja el empeño en aprovechar los últimos Consejos de Ministros para llevar a la Diputación Permanente la aprobación de ciertas medidas que se habían ido quedando en el camino, aunque ello suponga una cierta falta de respeto al Gobierno que va a salir de las urnas el 28-A. 

Pero todo eso no deroga la desalentadora constatación de que los asuntos de verdadero calado, los que necesitan de amplios consensos, siguen siendo las grandes asignaturas pendientes de un país que ha entrado en el cuarto año tonto de la política nacional. Hablo de educación, reforma fiscal, financiación autonómica, reforma laboral, sistema de pensiones, CGPJ, RTVE, etc. Temas de mayor cuantía congelados a la espera de que un horizonte sin nubarrones de la inestabilidad e incertidumbre.

Lo malo es que no hay ninguna garantía de que las urnas vayan a corregir la peligrosa deriva (fin del bipartidismo, fragmentación, populismos, conflicto catalán, desprestigio de las instituciones) que se inició tras las elecciones de diciembre de 2015. Desde entonces puede decirse que los intereses generales están en manos de un gobierno en funciones.
 

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