El secretario general de Industria, Raúl Blanco, se ha mostrado este martes convencido de que Alcoa pretende "una muerte por capítulos" de la industria del aluminio en el país, primero con las ventas de A Coruña y Avilés y ahora con la factoría lucense de San Cibrao, donde en menos de quince días la multinacional del aluminio deberá decidir sobre el despido colectivo permanente.
"Se están estudiando todas las medidas que el ordenamiento jurídico nos permite para que haya un proyecto industrial viable en la fábrica de San Cibrao", ha destacado Blanco en el programa radiofónico "La Brújula de Galicia" de Onda Cero.
En este espacio, ha tildado de "indecente" la actitud de la multinacional estadounidense, que se negó a vender tanto a Liberty House como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tampoco sacó adelante un ajuste de empleo (ERTE).
Sobre el plazo de 15 días abierto por Alcoa para el proceso de despido colectivo, Blanco ha dicho que "la empresa deberá valorar si en su actuación declara mala fe durante todo el proceso, si está en condiciones de tomar decisiones de ese tipo y esto qué le va a suponer; no será un proceso fácil para nadie".
Ha explicado que están vigilantes por si se producen incumplimientos que derivarían en la petición del Gobierno de que devuelva las ayudas recibidas estos años.
Alcoa ya vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno de la Nación que las intervenga.
