Salir del país del origen en busca de una vida mejor, o al menos diferente, se convierte a menudo en una carrera de obstáculos que acaba llevando de nuevo al punto de partida. Esa es la experiencia de muchos extranjeros que recalaron en la provincia lucense y acabaron siendo deportados a su tierra natal.
Según los datos que maneja la subdelegación del Gobierno en Lugo, desde enero de 2016 hasta mayo de este año se tramitaron un total de 123 expedientes de expulsión: 42 en 2016, 55 en 2017, y 26 en los cinco primeros meses del presente ejercicio.
Con cada expediente que se inicia arranca un proceso con varios frentes abiertos, ya que las deportaciones no son inmediatas y no todas acaban haciéndose efectivas. Tal y como explican desde la subdelegación, en algunos casos es posible sustituir la expulsión por una multa y el afectado se queda en el país, mientras que otras veces no se llega a materializar la expulsión porque la persona logra burlar a las autoridades y no es posible localizarla.
Con cada expediente que se inicia arranca un proceso con varios frentes abiertos, ya que las deportaciones no son inmediatas y no todas acaban haciéndose efectivas
Además, los afectados pueden recurrir la resolución de la subdelegación del Gobierno ante los tribunales. Y si la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo confirma la expulsión, todavía se puede presentar otro recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Mientras se realizan todos estos trámites y se aguarda la resolución, el extranjero continúa en el país, por lo que a veces la deportación se demora durante varios años o los magistrados revocan la decisión del Gobierno, ya que es la Justicia la que tiene la última palabra.
Por todo esto, de las 123 expulsiones acordadas desde principios de 2016, tan solo 19 fueron realmente ejecutadas. Seis fueron revocadas, otras seis se sustituyeron por multas, ocho fueron archivadas, y un total de 84 continúan en proceso.
MOTIVOS. El Gobierno español considera infracción grave encontrarse "irregularmente" en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de permiso de residencia, tenerlo caducado durante más de tres meses, o no haber solicitado la renovación del mismo en el plazo previsto.
La mayor parte de los extranjeros obligados a dejar Lugo fueron deportados por este motivo, por el que se dictaron más de 60 expedientes de expulsión en los dos últimos años.
La segunda causa de deportación en la provincia lucense es la delincuencia, ya que la legislación española prevé la expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados por cometer un delito castigado con una pena de prisión superior a un año, salvo que los antecedentes penales ya hubieran sido cancelados.
Los delitos que cometieron los extranjeros expulsados de territorio lucense son muy diversos
Los delitos que cometieron los extranjeros expulsados de territorio lucense son muy diversos, desde tráfico de drogas, lesiones y delitos contra el patrimonio, hasta infracciones en materia de seguridad vial y algún caso de abuso y agresión sexual.
A lo largo del último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la expulsión de Lugo de un ciudadano liberiano condenado ocho veces por delitos contra la salud pública –que sumó penas de más de 28 años de prisión– y de un hombre de la República Dominicana pillado con droga en Becerreá y condenado por la Audiencia Provincial a un total de 11 años de cárcel, entre otros casos.
Por cometer un delito y ser condenado a más de un año de privación de libertad, la subdelegación del Gobierno en Lugo dictó más de una treintena de resoluciones de expulsión en poco más de dos años.
También se dieron varios casos de deportación por "razones de orden público, seguridad pública y salud pública". Desde enero de 2016 hasta mayo de 2018 se dictaron 18 órdenes de expulsión por esta causa.
El TSXG acordó por ejemplo la expulsión del país de un hombre dominicano con un total de trece detenciones a sus espaldas por malos tratos, tráfico de drogas, quebrantamiento de condena, atentado contra la autoridad, amenazas, daños, delitos contra la seguridad vial y reclamaciones judiciales.
La sentencia concluye que la conducta de esta persona constituía "una amenaza real y suficientemente grave" que afectaba a "un interés fundamental de la sociedad", por lo que confirmó la resolución que ya había dictado la subdelegación del Gobierno en Lugo nada más y nada menos que cinco años antes, en septiembre de 2012.
LUCRO. Al margen de los trámites administrativos y los problemas de comportamiento, también es motivo de expulsión "contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga, o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito".
En 2016 se dictó en Lugo una resolución de expulsión de un extranjero por simular un falso matrimonio con una persona de origen español. Desde entonces, según los datos de la subdelegación de Gobierno, no se registraron más casos similares.
