Los ganaderos jóvenes de la provincia de Lugo que han recibido ayudas por parte de la administración autonómica por su primera incorporación a la actividad agraria, han tenido que pagar a Hacienda, según informó este viernes el sindicato Unións Agrarias, unos dos millones de euros por esos ingresos en tan solo cuatro años.
Fue una de las cifras que puso este viernes sobre la mesa el responsable de Área Externa de Unións Agrarias, Félix Porto, en el transcurso de una reunión con jóvenes ganaderos "afectados por las tasas abusivas de la Agencia Tributaria sobre las ayudas por incorporación a la actividad agraria y planes de mejora de las explotaciones".
El portavoz sindical destacó que de los 1.000 jóvenes afectados en toda Galicia por esas "tasas abusivas", unos "cuatrocientos están en la provincia de Lugo", por lo que aprovechó la ocasión para pedirles que revisen lo que han tributado en los últimos años y presenten las correspondientes reclamaciones cuando consideren que han pagado más de lo que les correspondía.
En cuanto a las ayudas recibidas por esos cuatrocientos afectados, Porto aclaró que la Agencia Tributaria se quedó con unos "dos millones de euros" de esos ingresos entre los años 2014 y 2017, algo que, desde su punto de vista, no tiene ningún sentido.
Según Porto, es "absurdo" que se les concedan ayudas a los jóvenes para incorporarse a la actividad agraria y luego tengan que devolver parte de ese dinero a la administración en forma de impuestos.
Por otra parte, pidió a la administración una mayor protección para los jóvenes ganaderos que intentan incorporarse con garantías a la actividad agraria y puso el ejemplo del titular de una explotación que quiso ampliar la potencia eléctrica de su granja y "Fenosa le pasó una factura de 54.000 euros".
"Son situaciones que no tiene fácil explicación", dijo Porto, quien también añadió que no conoce "a nadie en una ciudad que pidiese ampliar la potencia de su negocio y la suministradora le cobrase el gasto de instalación de la línea y hasta una reforma en un transformador".
"Tiene que ser la Administración la que le dé solución a este tipo de asuntos", insistió.
