La administración tramitó en los últimos cuatro años en Galicia una media de 1.460 órdenes de expulsión de inmigrantes por carecer de documentación o por tener el permiso de trabajo o de residencia caducado.
Así se desprende de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, según los que más de un 12% (unos 180) de estos procedimientos se ejecuta, lo que implica que para muchos se trunque un proyecto de vida en la comunidad.
Algunos logran frenar el proceso abierto en su contra tratando de lograr su revocación o su sustitución por una sanción económica, mientras que otros huyen hacia otra autonomía. Y es que los expedientes caducan a los seis meses, lo que propicia que sólo una pequeña parte acaben en la deportación al país de origen.
13.000 extranjeros 'sin papeles' en la comunidad
El Foro Galego de Inmigración apunta que unos 13.000 extranjeros viven hoy en día en Galicia en situación de irregularidad, cifra que resulta de comparar los inmigrantes con permiso de residencia en vigor -unos 82.000-, a los ciudadanos extranjeros censados en la comunidad, que suman más de 95.000 personas.
En su mayor parte, se trata de individuos que trabajan en sectores como la hostelería, la prostitución o en las pequeñas empresas de construcción dedicadas a las reformas, donde por la menor presión de la Inspección de Trabajo y por los menores riesgos de accidente laboral, el empresariado ''empieza a echar mano'' de la mano de obra de estos inmigrantes, según el portavoz del foro, Miguel Fernández.
Consciente de su temor a ser descubiertos por los agentes de policía de las unidades de Extranjería, la asociación, que agrupa a unas 40 asociaciones y colectivos políticos y sindicales que trabajan en este ámbito, reclama que se sustituyan las expulsiones, ''cando non hai ningun delito'', por las las preceptivas multas que se sitúan entre los 300 y los 600 euros y a los que la ley otorga carta de preferencia frente a la expulsión.
La Delegación del Gobierno cifra en 104 las multas impuestas a los extranjeros en 2007, último año del que existen datos, lo que dista de las 1.277 propuestas de expulsión del país tramitadas en ese periodo. Por provincias, en a Coruña se ordenó el retorno de 562 personas a su país, mientras que se impusieron 80 multas; frente a las 382 órdenes en Pontevedra y cuatro sanciones; 153 y 16 de Ourense, y los 181 decretos y cuatro multas de Lugo.
Al margen de la ley
La expulsión lleva añadida la prohibición de entrada tanto en España como en la mayor parte de los estados miembros de la UE por un periodo de tiempo que oscila entre los tres y los diez años.
Frente a aquellos que les acusan de perseguir a los extranjeros, la Policía Nacional incide en que ''con las multas no se arregla la situación de irregularidad de estas personas''.
Desde la Jefatura Superior de Policía inciden en que los agentes ''se limitan a cumplir el ordenamiento jurídico'', al detener a estas personas e iniciar el trámite, cuya resolución compete a la Delegación del Gobierno. Rechazando que los criterios por los cuales piden a una persona que se identifique tengan un fundamento ''racista'', las autoridades llaman al ''sentido común'' incidiendo en que el aspecto físico ''es reflejo de la nacionalidad en muchas ocasiones''.
Permisos de reagrupación familiar
Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno revelan también una importante subida de las solicitudes de permisos de reagrupación familiar. En concreto, mientras en 2004 se registraron 303, esta cifra se multiplicó casi por ocho en dos años alcanzándose las 2.395 peticiones presentadas ante la administración.
El Foro da Inmigración explica que ''superamos a primeira xeración migratoria'', de forma que los ciudadanos que ahora llegan a Galicia son los hermanos, mujeres e hijos de los que inmigraron a comienzos de esta década y que, en su mayoría, proceden de Iberoamérica.
Para Miguel Fernández, la propuesta del Ministerio de Trabajo para limitar estos procesos en la reforma de la Ley de Extranjería que se prevé para comienzos de año provocará que ''lleguen a Galicia más inmigrantes ilegales''.
1.400 órdenes de expulsión de inmigrantes 'sin papeles' al año en Galicia
