El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha pedido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que revise su prisión incondicional al defender su arraigo personal y su abandono de la política como razones para pedir su puesta en libertad.
Fuentes de la acusación popular que ejerce Vox han informado de que el exconseller ha solicitado la revisión de medidas cautelares durante la declaración indagatoria en la que el magistrado le ha comunicado su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, si bien el juez ha descartado este trámite.
A preguntas de su abogado, Joaquim Forn ha defendido su arraigo personal para echar por tierra el argumento del riesgo de fuga y su alejamiento de la política para destacar la ausencia de reiteración delictiva, dos supuestos que le relaciona el juez para mantenerle en prisión provisional.
Forn, que ha declarado durante unos 30 minutos, ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel madrileña de Estremera y desde entonces ha solicitado sin éxito en varias ocasiones su puesta en libertad.
La última fue el pasado 20 de marzo cuando la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo acordó mantener en prisión provisional al exconseller a petición de Vox, cuando la Fiscalía había pedido que fijara una fianza de 100.000 euros para dejarle en libertad.
En aquella ocasión, el tribunal mantuvo que existía riesgo de reiteración delictiva y señaló que Forn mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, "cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años".
Según fuentes parlamentarias, el objetivo de Torrent es defender los derechos políticos de todos los diputados y "denunciar las injerencias ilegítimas del Estado" en el Parlament.
Torrent ha tomado esta decisión después de haber propuesto a tres candidatos a la investidura —Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat)— y que ninguno de ellos haya podido ser elegido tras decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
El presidente del Parlament considera que esta situación es inadmisible y por ello acudirá a Ginebra para exponerla ante miembros de la Onu.
