La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.
En su escrito de calificaciones provisionales, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.
Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión –y otros 17 de inhabilitación absoluta–, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.
La Fiscalía también acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y le pide una pena de 11 años de cárcel.
El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
ABOGACÍA DEL ESTADO. Como estaba previsto, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, se desmarca de las consideraciones de la Fiscalía y pide doce años de cárcel Junqueras; once años y medio para cinco exconsellers; diez años para Carme Forcadell; y ocho años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición.
A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado este viernes en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán.
