La Fiscalía ha pedido a la juez del 1-O que procese también por un delito de organización criminal a 28 investigados en Barcelona por los preparativos del referéndum, entre ellos varios ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). En un escrito presentado ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, propone ampliar los delitos por los que la magistrada procesó a 30 investigados por los preparativos del 1-O, que hasta el momento incluían malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.
En concreto, la Fiscalía plantea acusar por organización criminal a varios ex altos cargos del Govern procesados, como Antoni Molons, secretario de Difusión; Joaquim Nin, secretario general de Presidencia; Jaume Clotet, director general de Comunicación; Josep Ginesta, secretario de Trabajo; Francesc Sutrias, director general de Patrimonio; y Aleix Villatoro, secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior. El ministerio público también pide atribuir este delito, penado con hasta ocho años de cárcel, a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, al director de Márketing de la Corporación, Martí Patxot, así como a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, que fueron procesados por desobediencia.
El ministerio público también solicita que se atribuya a varios de los procesados delitos de los que la juez no les acusó, especialmente por desobediencia
Según la Fiscalía, la conducta de los procesados por organizar el referéndum "ha sido conjunta y coordinada", de forma que, ante las resoluciones del Constitucional que ordenaban suspender el referéndum, han mantenido la hoja de ruta que tenían marcada "cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades".
En su escrito, sostiene que en el caso de estos 28 investigados, entre ellos también la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada por malversación, desobediencia y falsedad documental, concurren los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo que exige el delito de organización criminal.
Para la Fiscalía, "este complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructuradas, que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de mayor envergadura".
La Fiscalía solicita que se archive la causa contra tres de los treinta procesados por la juez
Los fiscales creen que existió una jerarquía dada la "participación del presidente de la Generalitat", procesado por rebeldía en la causa del Supremo, "de su vicepresidente (también acusado) y de altos cargos de la Generalitat (consejeros también acusados en el mismo procedimiento)".
También hubo "jerarquía, pluralidad y reparto de papeles", puesto que, según la Fiscalía, la juez sostuvo en su auto de procesamiento que los investigados delinquieron presuntamente "dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, siguiendo las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat". Además de pedir que se incorpore el delito de organización criminal, el ministerio público también solicita que se atribuya a varios de los procesados delitos de los que la juez no les acusó, especialmente por desobediencia.
Este es el caso por ejemplo del director del Diplocat, Albert Royo, a quien la juez procesó por los delitos de malversación y falsedad documental y para quien la Fiscalía pretende ahora que también se le acuse de organización criminal, prevaricación y desobediencia.
En su escrito, el ministerio público solicita que se archive la causa contra tres de los treinta procesados por la juez: la jefa del Área de Procesos Electorales Montserrat Vidal, la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Massó, y el gerente de Indugraf, José María Gispert, todos ellos acusados de desobediencia. Por el contrario, plantea a la juez que procese por desobediencia y organización criminal a una de la investigadas a la que finalmente dejó fuera de la causa, la entonces responsable de la Agencia Catalana de Protección de Datos Maria Àngels Barberà.
Paralelamente, la juez ha ordenado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación, después de que al finalizar el plazo para aportar una fianza de 5,8 millones de euros han consignado en el juzgado 3,7 millones recaudados a través de la caja de solidaridad.
